A propósito del 11 de abril de 2002

VOTO SALVADO (9)Conforme a lo dispuesto en el aparte último del artículo 52 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, en nombre del grupo parlamentario de Convergencia salvo el voto por las razones que expondré a continuación y solicito formalmente la inclusión del presente escrito al pie del informe que será presentado por la Comisión Especial, a la Asamblea en pleno.VOTO SALVADO DEL DIPUTADO JUAN JOSE CALDERALa investigación parlamentaria sobre los acontecimientos del pasado mes de abril tiene como propósito cumplir la obligación establecida en el numeral 3 del artículo 187 de la Constitución de 1999, según el cual corresponde a la Asamblea Nacional “ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional en los términos consagrados en esta Constitución y en la ley”. Y conforme al artículo 222 del mismo texto la Asamblea Nacional, “en ejercicio del control parlamentario, podrá declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos o funcionarias públicas y solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad”.No debe el parlamento invadir la esfera de competencia de los otros poderes públicos. Debe pronunciarse esencialmente sobre lo que sólo al poder legislativo corresponde hacer y para ello debe evaluar el desempeño del gobierno frente a los sucesos a fin de precisar si existen responsabilidades políticas de altos funcionarios públicos, porque su conducta sea reprobable, con las consecuencias a que haya lugar. Este análisis puede conducir obviamente a la remoción del Vicepresidente Ejecutivo o de los ministros, según lo establecido en el numeral 10 del artículo 187 de la Constitución. Pero también puede la investigación sustentar un voto de censura al Presidente de la República, en virtud de que “es responsable de sus actos y del cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo” (artículo 232). El presidente Chávez estuvo en el centro de los sucesos analizados y, como él mismo expresara en “aló presidente” del domingo 28 de abril, “si alguien llegara a demostrar que yo fuera, fuese el responsable de eso -refiriéndose a la masacre del 11 de abril-, pues yo no debo ser Presidente de Venezuela”. En este caso debe el parlamento, como depositario de la representación popular, exigirle la renuncia a su cargo.1) El presidente Chávez provocó el grave conflicto de PDVSA:Este conflicto fue la causa inmediata de los sucesos de abril y fue provocado por la torpe actitud del presidente Chávez, carente de elemental ponderación y equilibrio. A pesar de tratarse de la industria que es columna vertebral de nuestra economía, se negó a un adecuado diálogo con el personal gerencial y mantuvo durante semanas una desconsiderada postura frente a ellos, que fue agravando inútilmente el conflicto. Para terminar reconociendo de manera pública su imperdonable error, pero lo hizo luego de la horrible masacre del 11 de abril.El 13 de febrero sustituyó al presidente de Pdvsa y el día 25, sin que mediara renuncia alguna conocida, sorprendió nombrando una nueva junta directiva que fue parcialmente cuestionada por un grupo de ejecutivos de la industria. Aclararon que su rechazo “no es al nuevo presidente, ni a la designación de los directores externos, sino por la designación de los directores principales, que deben ser especialistas con mucha experiencia en el negocio”. Chávez les contestó abrupta e inmediatamente que no les quedaba otra opción que acatar la decisión “o irse a trabajar en una empresa privada”. El 17 de marzo el presidente Chávez amenaza públicamente a los gerentes, retándolos a paralizar la industria “porque si lo hacen la militariza”, y les recomendó que enrollaran sus propuestas “y se las metieran con un cohetico” según palabras textuales muy impropias en tan alto mandatario. El 21 de marzo se produjo un paro administrativo en la empresa que se cumplió en un 80% y, a pesar de ello, el gobierno siguió radicalizando su posición. El jueves 4 de abril estalló finalmente el conflicto, mes y medio después de la designación de la nueva junta y una semana antes de la masacre. Ese día el vicepresidente Diosdado Cabello, en cadena de radio y televisión que se repitió varias veces, expresó: “Ante un principio esgrimido por este grupo de gerentes, de meritocracia, nosotros esgrimimos un principio que le damos mayor nivel en este instante, que es el principio de autoridad”. El ministro de la Defensa José Vicente Rangel amenazó nuevamente con la militarización de la industria. Y el domingo 7 de abril Chávez despidió groseramente a los gerentes “rebeldes” y anunció la jubilación de otros, alertando a la nómina mayor que podía “rasparlos a todos” porque “hay una lista larga de personas preparadas para sustituir a quienes se vayan de Pdvsa”. El martes 9 Chávez advirtió que se pasaba “la espada de nuevo a la mano izquierda”, ante al paro nacional. Y el 11 de abril en la cadena que tuvo lugar durante la masacre no dijo que la junta directiva de Pdvsa había renunciado, sino que la felicitó porque “se han mantenido allí firmes”. Pero el lunes 15 de abril Chávez confesó que los directivos petroleros habían acordado renunciar en la noche del miércoles 10 y que habían consignado la renuncia escrita el día de la masacre, “como a las dos de la tarde”, y “desde ese día la acepté”. Cabe preguntarse por qué no intentó detener, ni siquiera en ese momento, el conflicto que él mismo había generado. El presidente Chávez ha reconocido los graves errores que cometió en el manejo de tan delicado asunto y “a confesión de parte, relevo de prueba”. Pidió públicamente perdón a los gerentes después de los sucesos y añadió: “yo estoy dispuesto a rectificar decisiones que ahí se tomaron”. Reincorporó a los despedidos y jubilados y tuvo que designar otra junta directiva, como se lo habían solicitado sólo parcialmente en un principio, pero ya la masacre se había producido por su torpeza e intransigencia en el manejo del conflicto. Este es el primer elemento que fundamenta la responsabilidad política del presidente Chávez y de su gobierno ante las muertes del 11 de abril.2) El Presidente Chávez ordenó reprimir la manifestación del 11 de abril:A pesar de que la enorme manifestación popular del jueves 11 se desarrollaba de manera “pacífica y sin armas”, con la presencia en ella de mujeres y niños, fue reprimida brutalmente por la Guardia Nacional, haciendo uso de armas y sustancias tóxicas, en abierta violación del artículo 68 de la Constitución. El presidente Chávez admitió ante la Comisión Política de la Asamblea Nacional que él mismo había ordenado directamente la actuación de la fuerza pública, desmintiendo al Vicepresidente José Vicente Rangel que trató de negarlo, y por tanto se confesó políticamente responsable de los resultados.Además, el Presidente Chávez reconoció ante la comisión parlamentaria que él había ordenado la activación del Plan Avila. Y aunque afortunadamente sus órdenes no hayan sido cumplidas, como pretendió alegar en su favor, la pretensión de utilizar efectivos militares con armas y equipos de guerra frente a la manifestación, sin que hubieran sido desbordados los organismos encargados del orden público, descalifica aún más el desempeño presidencial ante los acontecimientos porque la masacre ha podido ser de mayores proporciones.3) En cambio, el Presidente Chávez no dio orden de proteger el derecho a la vida y la integridad de las personas:El Presidente admitió ante la Comisión Política de la Asamblea Nacional que supo de la existencia de francotiradores durante los acontecimientos y reconoció que no había dado orden de enfrentarlos, ni a la Guardia de Honor, ni a la Guardia Nacional, ni a la Disip. Alegó en su favor que: “no me corresponde a mí dar órdenes específicas... eso en verdad no es mi responsabilidad... un presidente no va a estar tomando decisiones que corresponde a niveles subordinados”. Sin embargo aceptó que él había prohibido ese día el vuelo del helicóptero de la Policía Metropolitana, que ha podido combatir a los francotiradores.Tampoco dio orden alguna de controlar a quienes disparaban en la calle, en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, como era su deber constitucional hacerlo en defensa del derecho a la vida de los ciudadanos (artículo 43 de la Constitución) y del derecho a la protección de su integridad física (artículo 55). Luego ha tratado de justificar a los que dispararon, alegando ante la comisión que “eran ciudadanos que estaban allí concentrados, apoyando al gobierno, y esa concentración era de varias cuadras y sobrepasaba el Puente Llaguno y salieron en mi criterio, es un criterio, no es ningún veredicto, en defensa propia... En defensa propia y en defensa de los demás sacaron sus armas...”Altos funcionarios del gobierno encabezados por el propio vicepresidente José Vicente Rangel ordenaron movilizar a sus partidarios para un enfrentamiento violento a las puertas del palacio presidencial, haciendo uso incluso de la televisión del Estado, y los dejaron emplear armas de fuego al amparo de las autoridades encargadas de preservar el orden público. Luego, atentando públicamente contra la separación de poderes, el propio Presidente de la República se inmiscuyó indebidamente en las investigaciones que realizan las autoridades judiciales y alegó de manera pública la sorprendente tesis de la “defensa propia”. Esto revela una clara complicidad y la existencia de responsabilidades penales pero, como hemos señalado inicialmente, su determinación no es el objeto central de la investigación confiada a la Comisión Política.En conclusión, aún en el supuesto de una muy dudosa y cuestionable buena fe del Presidente, del Vicepresidente Ejecutivo y de los ministros, en su desempeño frente a los graves acontecimientos resulta evidente su responsabilidad política por la masacre ocurrida en las inmediaciones de Miraflores el pasado jueves 11 de abril y así debe declararlo la Asamblea Nacional. El presidente Chávez y su gobierno son merecedores de un enérgico voto de censura de la representación popular, con las consecuencias legales y constitucionales a que ha lugar, incluyendo la solicitud de renuncia al cargo del primer magistrado nacional.