Sector privado rebaja meta de construcción de casas en 58%
Para este ejercicio las empresas estiman terminar 35.000 unidades
La decisión del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda de prohibir el cobro del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en los contratos de preventa de inmuebles incidirá en el ritmo de construcción de las soluciones habitacionales. Según las cifras que maneja la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), actualmente se encuentran en proceso de ejecución 133.589 unidades, de esa cantidad 92.848 viviendas corresponden al sector privado y 41.011 al sector público. El presidente de la organización, Francisco Neri, indicó que la expectativa que se tenía para este ejercicio era terminar 85.000 casas de las que están en producción, pero al cambiarse el esquema de preventa se proyecta la culminación de sólo 35.000 soluciones, con lo cual se registra una reducción de 58%.
Pero la proyección del sector público también es baja. Las autoridades del despacho de Obras Públicas ya anunciaron que de las viviendas que tienen en ejecución estiman terminar 20.000 soluciones habitacionales. El titular del despacho, Diosdado Cabello, advirtió este jueves que si las empresas detienen los proyectos, el Gobierno asumirá el control de los mismos, pero los representantes del sector privado reiteraron que las obras continuarán. Francisco Neri expresó que "las empresas no paralizarán los proyectos, los mismos se mantendrán, sin embargo la velocidad de construcción se desacelerará debido a que ahora se tienen que revisar los procesos".
Actualmente se tiene permisada la realización de 145.302 viviendas correspondiendo al sector privado 122.946 y al sector público 22.356 y a juicio de los inmobiliarios esos proyectos se retrasarán más. En la gestión de construcción de viviendas el mayor peso lo han llevado los privados, dado que el Ejecutivo nacional tiene una mora. Las metas de construcción de casas, que en algunos períodos se anunciaron de 100.000 soluciones, se han incumplido, y por ejemplo aún se tiene pendiente la realización de soluciones de planes de los años 2001, 2002 y 2007.
Cuando se revisa el comportamiento de la fabricación de unidades se tiene que desde 2004 hasta el primer trimestre de 2009 se han terminado 173.000 soluciones. La Cámara Venezolana de la Construcción (CVC) en un comunicado notificó que la normativa "da un frenazo al impulso que se venía registrando en el sector privado de la construcción desde hace cuatro años" y apuntó que ahora se limita más el acceso de las familias a la compra de viviendas.
Los dirigentes de los sindicatos de la construcción expresaron su preocupación por los retrasos de los nuevos proyectos, puesto que ello tendrá impacto en el empleo. Las empresas estiman que están en riesgo cerca de 300.000 puestos de trabajo. Revisiones de contratos En la resolución del despacho de Obras Públicas se establece que desde el 10 de junio las empresas tienen que dejar de cobrar el indicador y ello implicará la revisión de los contratos, de manera que las compañías tendrán que presentar a los compradores nuevas tablas de amortización de la inicial.
El presidente de la Alianza de Consumidores y Usuario, Roberto León Parilli, comentó que en aquellos contratos que tienen fijado un precio final no será tan complicada la revisión, pero en aquellos modelos en los que no estaba definido el costo final de la vivienda se complicará más el ajuste. En el sistema de preventa esa inicial se cancela de manera fraccionada y en las cuotas mensuales se aplicaba el índice de precios con el fin de compensar los costos de los desarrollos, cuyos plazos de terminación oscilan entre los 12 y 18 meses. Francisco Neri expresó que de todas maneras se revisa con detenimiento la normativa del despacho de Obras Públicas y Vivienda, debido a que consideran que existen aspectos que se tienen que aclarar.
La norma establece que aquellas empresas que luego de noviembre de 2008 siguieron aplicando el índice de los precios al consumidor en las cuotas después de haber pactado la fecha de culminación de la obra tendrán que efectuar el reembolso de lo cobrado en exceso en un plazo máximo de 10 días (hasta el 20 de junio). Representantes del sector inmobiliario expresan que son pocos los casos que incumplieron con la resolución del para entonces despacho de la Vivienda, la cual limitaba el cobro. En esa resolución no se permitía la aplicación del índice de precios después de la fecha prevista para la culminación de la obra o protocolización de la venta. Para los representantes del sector las mayores dudas se generan con respecto a la decisión que pueda tomar el Tribunal Supremo que admitió una demanda contra el cobro del IPC y cuya audiencia está pendiente.
Mayela Armas H.EL UNIVERSAL
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