¿Qué es el chavismo? Desde la perspectiva electoral, en palabras de un rector del Consejo Nacional Electoral

Estado de la DemocraciaLa voluntad popular y sus desafíos
Un Inicio Cualquiera
En las elecciones parlamentarias de 2005 la mayor parte de la dirigencia opositora tomó la decisión de retirarse de la contienda electoral. Tal vez terminó atrapada en una corriente de opinión que se inició con la no fundamentada declaración de fraude de agosto de 2004, en ocasión del Referendo Revocatorio; y potenciada por diferentes sectores que consideraban que la participación electoral terminaba legitimando al gobierno.
Resultado de esa decisión la participación electoral cayó al máximo histórico de 25% y surgió una Asamblea Nacional enteramente representante de las políticas e intereses del gobierno nacional. Legal pero poco representativa dado que fue electa por menos de tres de cada diez venezolanos.
Esa realidad parlamentaria marcó y continúa marcando el cuadro institucional del país, el comportamiento de buena parte de los poderes públicos y la naturaleza del entramado legislativo.
En ese contexto, en el 2006, se tomaron dos importantes decisiones una por el lado del oficialismo y otra del lado de la oposición.
Los primeros decidieron que era pertinente una renovación a fondo del Consejo Nacional Electoral. Nuevas figuras, nuevos estilos, nuevas decisiones. Era urgente fortalecer la institución que posibilita la máxima expresión de la soberanía popular.En la oposición varios partidos, principalmente yendo en contra de la opinión predominante en sus predios, decidieron lanzar una candidatura presidencial.
Estas decisiones, divergentes en sus orígenes y motivaciones, convergieron en la búsqueda de dirimir los conflictos de poder por la vía pacífica y electoral.
El avance
Ese año, una estrategia por parte de la autoridad electoral de ofrecer significativas mejoras en las garantías electorales en el marco de una política de diálogo y comunicación con el país, conjuntamente con un significativo esfuerzo de los dirigentes y militantes de las toldas políticas, permitió revertir completamente la tendencia de abstención. Casi ocho de cada diez venezolanos con derecho al voto salieron de su casa el 3 de diciembre y manifestaron su compromiso con la democracia.
Se había desmontado ladrillo a ladrillo la pared de angustias y temores que contenía el caudal democrático del país. Se había dejado atrás los mitos de que las máquinas alteran los votos, que el voto no era secreto, que los hackers alteraban los resultados, que los muertos votaban…
El último paso para despejar los nubarrones abstencionistas le tocó darlo a Manuel Rosales, candidato opositor. Pese a la presión de muchos, rápida y oportunamente reconoció unos resultados que le eran desfavorables. Esa decisión contribuyó al sosiego de la nación y a la recomposición de las filas de los sectores no oficialistas. Potenciando un eventual y futuro reequilibrio de poder inherente al devenir democrático.
La Carga
Pese a los avances, desde entonces estuvo presente una carga que lejos de aliviarse se incrementa. El Gobierno con su peso, con su enorme músculo logístico y comunicacional se hace parte de una contienda político electoral que le está prohibida por mandato de la Constitución y de las Leyes.
En esas condiciones el camino para quien le adverse es absolutamente cuesta arriba.
El gobierno durante las campañas electorales refuerza la publicidad institucional y la promoción de la obra de gobierno, cosa que en otros países está prohibida de plano. El presidente utiliza los medios de comunicación oficial para promoverse, promover sus candidatos y descalificar a quienes disientan, inclusive utiliza programas y recursos del Estado como Aló Presidente y las cadenas de radio y televisión para promover su partido político. De hecho todas las instituciones públicas se avocan a auspiciar las candidaturas del partido de gobierno.
Pero, derivado de la composición política de la Asamblea Nacional, otros poderes públicos, llamados en un Estado republicano a ser contrapeso democrático, han dificultado el normal y sano desenvolvimiento de quienes piensan distinto.Hoy por hoy, dirigentes de primera línea de partidos adversos a la línea del gobierno están imposibilitados de ejercer el derecho político y humano de ser candidatos. Sin juicio previo y sin sentencia penal alguna como manda la constitución y el ordenamiento jurídico internacional Enrique Mendoza, Leopoldo López, Eduardo Lapi, Barreto Sira, William Méndez, entre otros, están impedidos de ejercer su derecho al sufragio pasivo.
A esto se le suma, por ejemplo, la realidad de una actividad política mediatizada por el constante espionaje telefónico prohibido expresamente por las garantías y derechos de nuestra magna carta. No lejos está el recuerdo de las grabaciones de dirigentes políticos hablando de sus estrategias electorales y luego difundidas por el Estado venezolano, que por mandato de la constitución debe garantizar la inviolabilidad de las comunicaciones, a través de una de sus instituciones, Venezolana de Televisión. Por mucho menos que eso tuvo que dejar Richard Nixon la presidencia de Estados Unidos; y hay un escándalo en la vecina Colombia. Eso no es normal. A eso no nos podemos acostumbrar.
Estas realidades se entreveran con un creciente temor en los medios de comunicación y en los comunicadores sobre las consecuencias de ejercer de viva voz una línea de información y opinión que resalte los eventuales abusos e ineficiencias de quienes tienen autoridad. En todo el mundo la prensa debe resaltar las manchas del poder. Esa es la caja de resonancia de las perversiones de la autoridad. No es posible la democracia sin libertad de expresar el pensamiento o la opinión. No hay democracia sin medios libres de la presión de los gobiernos; la libertad también comprende su ejercicio libre de temores.
La salida del aire de RCTV, responsabilidad directa del gobierno nacional, comenzó a crear un clima adverso al pluralismo comunicacional. Ahora, como punto culminante, el potencial cierre de Globovisión. Esto, entre otras cosas, nos dejaría para la campaña electoral de las parlamentarias con todos los canales del Estado promocionando los candidatos del gobierno y los pocos medios nacionales de señal abierta poniendo sus bardas en remojo en medio de la aprehensión y autocensura.
Si algunos medios de comunicación contribuyeron por acción u omisión con el golpe de estado de abril de 2002, hay maneras de determinar las responsabilidades. Pero eso no puede justificar una estrategia sistemática de sembrar temor a los medios y sus anunciantes. Y menos donde los medios de comunicación de Estado son órganos de difusión del partido de gobierno. Eso es una espada de Damocles sobre la equidad electoral, quintaesencia de la democracia.
A esta carga que impacta profundamente el acontecer democrático se le incorpora un evento nuevo y perturbador. Pareciera que no basta ganar las elecciones para que lo que decidió la mayoría se respete y materialice. Diversos ropajes parecen vestir una estrategia de escamotear resultados adversos.De ahí que vale la pena preguntarse:
¿Para que sirve el pueblo?
En el 2007, el Presidente y la Asamblea Nacional, le presentaron al país un proyecto de reforma de la constitución para legalizar la transformación de la República en un Estado socialista. Quien suscribe alertó oportunamente al país que asumir constitucionalmente que un país es socialista es un exabrupto similar a querer asumirlo como capitalista, socialcristiano o socialdemócrata. Significa de hecho acabar con el pluralismo político, con el derecho a pensar políticamente como a cada quien le venga en gana.
Ese proyecto fue derrotado electoralmente. El pueblo se pronunció en contra de sus 69 artículos. Algunos de ellos probablemente, por separado, hubiesen tenido suficiente acogida. Pero el hecho es que la reforma no prosperó. Sin embargo buena parte de esos artículos se han venido formalizando a través de un abanico de leyes aprobadas o por aprobarse en la AN. Muchas de ellas aludiendo a un socialismo no materializado en la Ley madre y más bien en abierto desden para con el pluralismo que ella consagra.
El pueblo decidió una cosa. El gobierno, Asamblea mediante, realiza otra.Un capítulo aparte reclama la Alcaldía Metropolitana. El pueblo de Caracas votó para que una persona de su confianza asumiera una responsabilidad y de pronto se encuentra que aquello por lo cual votó no se puede realizar por que el gobierno le cambió las reglas.
Si era verdad que había que modificar la naturaleza y alcance de la Alcaldía metropolitana, ese cambio tenía que hacerse antes, para que la gente supiera a que atenerse para que el acto democrático de elegir a sus propias autoridades no fuera desvirtuado. Eso equivale, salvando las distancias, a comprar una casa y luego de pagarla que a uno le digan que el precio no incluía techo, piso, ni tuberías, puras paredes. En el terreno inmobiliario eso es una estafa. En el terreno constitucional tiene otro nombre…
El pueblo de Maracaibo también ha visto frustradas sus ilusiones. En el medio de la campaña electoral de las elecciones regionales de noviembre de 2008, en un acto de campaña, el presidente de la República, quien por cierto no tiene esa competencia, prometió que iba a meter preso a Manuel Rosales, quien fuera su contrincante en la campaña presidencial del 2006; y que ahora enfrentaba al candidato del partido de gobierno. A los pocos días la Asamblea Nacional, controlada absolutamente por el partido del presidente, le abría una investigación administrativa. Hoy Manuel Rosales es un asilado político en Perú.
Las dos principales ciudades de Venezuela, que votaron en contra del Gobierno central, hoy se ven con sus autoridades acorraladas y anuladas.
El pueblo es, en democracia, la fuente única de todo poder. Como sujeto, ese poder se expresa, entre otras formas, eligiendo a los gobernantes e incidiendo en sus políticas; como objeto, disfrutando o padeciendo de esas políticas.Al pueblo no se le pueden cambiar las reglas en el medio del juego.
Desafíos
Se han dejado atrás varios de los principales mitos electorales. El pueblo sabe que a veces ganan unos y a veces, a pesar de lo empinado de la cuesta, otros.Sin embargo, lo medular de la democracia está en juego.
El Consejo Nacional Electoral aprobó por mayoría un proyecto de Ley que debería apuntar a corregir vicios y enderezar entuertos del sistema electoral. Quien suscribe no acompañó esa decisión por considerar que ese proyecto no recoge importantes avances institucionales como la fiscalización electoral, las mesas de diálogo, la observación electoral.
Tampoco resolvería ninguno de los principales problemas. Que todos los votos valgan lo mismo, la permanencia de las “morochas” supone que hay votos que eligen más. Que las campañas sean entre iguales. Que se respete la constitución para que los funcionarios e instituciones no operen a favor de sus preferidos. Que las elecciones sean un acto absolutamente civil. Que quienes aspiren a reelegirse tengan que separarse de sus cargos antes de postularse. Que haya equilibrio en los medios de comunicación. Que la cedulación se considere acto electoral y por ende sea objeto de observación.
La pelota paso a la cancha de la Asamblea Nacional. Ojala que trascendiendo la coyuntura estuviesen legislando pensando en como les hubiesen gustado las reglas cuando eran parte de las minorías. Sin embargo, la naturaleza y alcance del proyecto aprobado en primera discusión de la Ley Orgánica Procesos Electorales parece apuntar en una dirección contraria. No solo no corrige ninguno de los entuertos arriba señalados sino que más bien los profundiza y agrega otros de su propia cosecha.
La Constitución nacional expresamente consagra y enfatiza en sus artículos 63, 186 y 293 el principio de la Representación Proporcional en la elección de los cuerpos deliberantes. Buscando con esto que las minorías tengan voz y voto. El calibre y talante de una democracia se mide por la forma como trata a sus ciudadanos más débiles en lo social y a sus minorías en lo político. El proyecto aprobado, divorciándose de este axioma, empeora la realidad vigente y minimiza la posibilidad de expresión institucional de las minorías políticas al proponer un sistema paralelo donde los cargos nominales no se restan de las listas legalizando así la viveza de las “morochas”. En el pasado republicano sólo apelando al recurso de la representación proporcional se pudo abrir una válvula de escape institucional a la presión política de minorías con aspiraciones de poder que habían asumido la lucha armada como camino de expresión política. El PCV y el MIR cambiaron pistolas y fusiles por votos y curules para desde esa nueva trinchera mantener su combate político e ideológico. El cierre de esa válvula de escape electoral no bajará la presión sólo la podría conducir por nuevas sendas.
El Proyecto también posibilita un peligroso manejo discrecional de las circunscripciones electorales que podrían acomodarse y reacomodarse en función de coyunturas políticas. Lo mismo vale para la adjudicación de cargos. Al no definirse el método se deja abierta la posibilidad de eventuales manejos interesados vía normativa para cada elección. Colocando, entre otros males, al Poder Electoral en el centro de la diatriba política.
Establece también que los centros de votación podrán funcionar en cualquier dependencia pública abriéndose paso a un catastro electoral indeseable con centros de votación en alcaldías, gobernaciones, sedes de organismos gubernamentales. Funcionarios inescrupulosos tendrían el mandado hecho a la hora de amedrentar al elector.
Y así podríamos seguir desmadejándolo. Un proyecto que de no modificarse sustancialmente en segunda discusión podría colocar el juego electoral en un terreno pantanoso y, ojala que no, intransitable.
Hay partidos con votos, con política que no están en la AN. Representan a un importante sector del pueblo. Ojala sean escuchados. Especialmente ahora.
Tareas
Hay factores ontologicamente interesados en dividir cierto electorado entre abstencionistas y participacionistas. Es deber cívico y estratégico enfrentar esos factores. Quienes promueven la desestima del voto como camino terminan poniéndole alfombra roja a la violencia. En Venezuela toda violencia política ha fracasado. Eso lo aprendió el actual presidente en el 92 y algunos opositores en el 2002.
Un eventual cierre de Globovision profundiza de tal manera el desequilibrio comunicacional y profundiza de tal manera la inequidad electoral que sería muy difícil hablar de elecciones justas. Un cierre de ese canal pondría al pluralismo comunicacional, y por ende la libertad de pensamiento base misma de la democracia, contra la pared.
Es indispensable aprovechar la coyuntura de discusión de la Ley Orgánica de Procesos Electorales para tratar de incidir en que esa Ley permita establecer clima y reglas electorales adecuados para el ejercicio libre y consciente del voto en condiciones de equidad y justicia electoral.
El Poder Electoral debe hacerse eco de estas realidades y alertar al gobierno sobre las implicaciones de lo que se discute en la Asamblea Nacional y lo que podría decidir CONATEL.
Todo gobierno democrático necesita medirse en las urnas y para medirse necesita contrincantes y electores que quieran ir a votar.
Vicente DíazRector ElectoralPresidente de la Comisión de Participación Política y FinanciamientoConsejo Nacional Electoral