Reforma constitucional histórica en Venezuela

Primeras aproximaciones de cara a la historia de Venezuela

El miércoles en la noche el Presidente en funciones de Venezuela presentó una “reforma constitucional” que cambia según sus palabras el 10% del articulado de la Constitución vigente (la de 1999), y quizás por ser un 10% él la llama reforma, y también por el procedimiento legal de cambio de articulado. La realidad es que ese 10% posee un peso enorme, la cual hace de esta “reforma” un hecho histórico inédito en Venezuela, y por tanto según la Constitución vigente no sería una reforma (artículo 342) sino una transformación de su estructura y principios, y por tanto debe cambiarse vía Constituyente (artículo 347). En estos días me he puesto ha revisar nuestra historia constitucional leyendo las 26 Constituciones que hemos tenido, y de cara a la propuesta de Chávez observo cambios de una radicalidad nunca implantada en nuestra historia. Por cierto, esto proyecto no se diferencia mucho del que se “coló” hace más de un mes a la opinión pública, a pesar de lo dicho por el oficialismo. Estos cambios radicales son los siguientes:

1) La eliminación del principio “alternativo” en el gobierno, con la reelección inmediata y continua (indefinida, eterna, permanente o como quieran llamarla en el artículo 230) del Presidente, por un período de 7 años. Algo jamás establecido constitucionalmente en nuestro país, ni en la duración del período ni en lo relativo a la reelección indefinida. En algunos casos se permitió la reelección pero nunca inmediata (me queda la duda en la Constitución de 1857 que reformó Monagas para mantenerse en el poder, aunque la misma establece principio la alternancia en el poder, al menos nominalmente y fue la que menos duración tuvo: 1 año), porque se consideraba como principio fundamental: la alternancia en el poder.

2) Ideologización del Estado: por primera vez en la historia de Venezuela una Constitución le da una determinada tendencia (adjetivo) IDEOLÓGICO al Estado, eliminando la tradición de imparcialidad, laicismos y apartidismo de este. Es así como se habla de “construir el socialismo” y “Estado Socialista” (artículos 70, 112, 113, 184, 300, 318, 321) con lo que podría impedir que partidos de derecha democrática puedan gobernar (algo que fue advertido por el rector del CNE: Vicente Díaz) e incluso se podrían prohibir la existencia de toda organización que no “construya el socialismo”. Ver declaraciones de uno de los redactores de la propuesta de “reforma”, que sostiene que uno de los objetivos de la reforma es la ideologización del Estado.

3) La propiedad privada se debilita como nunca antes había ocurrido en la historia, quedando su eliminación a la discrecionalidad del Estado; porque a pesar de establecerla frente a otro tipo de propiedades (artículo 115) en los derechos económicos, se sostiene el principio siguiente: "El Estado promoverá el desarrollo de un modelo productivo intermedio, diversificado e independiente con la preponderancia de los intereses comunes sobre los individuales" (artículo 112). No existe en la historia constitucional de Venezuela este principio. Es una ruptura con la tradición del derecho a la propiedad privada que establecieron las 26 constituciones anteriores.

4) Se crea un nuevo poder (el popular) el cual no posee su origen en el sufragio universal(artículo 136), y que jamás había existido; y se le quita la autonomía financiera a los municipios, con lo que llevará a su desaparición (artículo 168).

5) Las Fuerzas Armadas que hasta ahora nunca habían tenido un “apellido ideológico” (ahora se llamarán “Bolivarianas” no “Nacionales”), y se modifica su estructura agregando unas “milicias populares bolivarianas” (artículos 328 y 329). La transformación de la Guardia Nacional en una “Guardia Territorial” que dependerá absolutamente del Presidente. Se elimina una característica fundamental de las Fuerzas Armadas, establecido en la Constitución vigente (artículo 328): “(…) está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna.” (Ahora se dice al “servicio del pueblo venezolano en defensa de sus sagrados intereses” (¿quién los determina? ¿cuáles son?), y no está al servicio de “oligarquía alguna o poder imperial extranjero” (¿pero si de una “persona o parcialidad política”?)).

6) Mayor poder para el Presidente y el Poder Nacional: incremento del hiperpresidencialismo existente en Venezuela, con la abolición de la autonomía del Banco Central de Venezuela (artículo 318, 321, y 236 ordinal 12°), y con la discrecionalidad del Presidente en la modificación de la estructura político-territorial de la Nación (artículo 11, y 236, ordinal 3°); funciones que jamás en la historia había tenido un Presidente dentro de la Constitución y que le permitirán hacer lo que desee. El burocratismo se amplía con la duplicidad de la Administración Pública, facilitando al Presidente la creación de las “misiones” con lo que le permite una burocracia paralela (artículo 141). En el artículo 156 sobre las competencias del Poder Nacional, es tal el número de competencias que dificulta las posibilidades de federalismo y descentralización. Si a la Constitución vigente se le criticó su excesivo militarismo, y quitarle al Senado la competencia de los ascensos militares a partir de coronel para dárselo al Presidente, ahora este designará TODOS los ascensos y cargos militares.

Un aspecto muy importante, además, es que en la nueva redacción de los artículos se eliminan una serie de principios. Un buen ejemplo es el de los municipios (artículo 168), el cual señalamos que desaparece el ordinal 3° referente a su financiamiento, y así muchos ejemplos más.

Una pregunta: ¿se pueden llamar a los principios históricos con los que rompe la “reforma constitucional” de Chávez como principios de nuestra tradición (histórica) republicana, democrática y de defensa de los derechos humanos?.

La “reforma constitucional” – tal como me dijo un amigo abogado – viene a validar y legalizar todo lo que ha hecho el gobierno hasta ahora, que la oposición y otros grupos señalaban como violaciones a la Constitución de 1999.