miércoles, enero 26, 2011
Volvemos el 9 de febrero
martes, enero 25, 2011
¡Felicitaciones a la historiadora Diana Sosa por la publicación de su libro "Los Pardos, Caracas en las postrimerías de la colonia"
El libro de Diana Sosa Cárdenas, “Los Pardos, Caracas en las postrimerías de la colonia”, será bautizado hoy en la conocida librería El Buscón, del Centro Comercial paseo Las Mercedes, nivel Trasnocho, a partir de las 6:30 de la tarde. Las palabras de honor estarán a cargo del Dr. Tomás Straka, historiador, investigador y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello.
sábado, enero 22, 2011
Cosas que se ven en Caracas: unos supuestos viajeros por Iberoamérica
viernes, enero 21, 2011
Caracas sin otra librería: cierra "Lectura" de Chacaito
Comunicado de LA ALIANZA POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN AL PAÍS
La Constitución declara que la comunicación es libre y plural, concede a todos el libre uso de cualquier forma de expresión y de comunicación sin que pueda establecerse censura, y estatuye que nuestro derecho a estar informados es intangible incluso en estado de excepción.
Esos tres pilares de la democracia están hoy gravemente amenazados, y su defensa activa se vuelve obligante para quienes asumimos la comunicación desde el ámbito gremial, académico y la defensa de la democratización de las comunicaciones. El gobierno actual ha multiplicado últimamente sus violaciones de aquellos principios, tolerando una cierta libertad de expresión en medios que considera de poca incidencia política mientras hostiga, persigue, neutraliza, expropia y acosa cada vez más a medios y comunicadores que disientan de la doctrina oficial. Un mil 777 casos que vulneran la libertad de expresión en ocho años, con 8 muertos, 2 emisoras regionales y 1 nacional de TV y 34 radiales clausuradas, organismos gubernamentales dejados sin voz propia y generación de autocensura, dan fe de una estrategia que pretende acallar las voces críticas y establecer en el país una hegemonía comunicacional absolutista y personalista.
Para esto, el gobierno ha creado un complejo sistema multimedial indebidamente llamado “de servicio público” de muy cuestionable calidad, ineficaz y obligado a ensalzar constantemente la doctrina y las medidas del régimen. A todo esto se añade el interminable abuso de posición dominante del Presidente de la República que obliga a emisores públicos y privados a retransmitir “en cadena” sus alocuciones, hecho que ya se ha producido en más de 2000 oportunidades por unas 3.750 horas, a razón de 56 minutos diarios, un caso único en el mundo. Estos tres factores desfiguran profundamente el panorama comunicacional de Venezuela y lo vuelven cada día menos democrático.
Las decisiones adoptadas en diciembre 2010 por la Asamblea saliente, particularmente en relación a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y la llamada Ley Resorte ahora extendidas al ámbito electrónico, resultan inaceptables por antidemocráticas y anticonstitucionales. Ellas cercenan aún más el derecho a la comunicación libre y plural que la Constitución garantiza a todos los venezolanos. Si el gobierno considera valioso su proyecto político debe reconocer que su intento de imponerlo a la fuerza es un fracaso, debe liberar las comunicaciones nacionales de las restricciones que las ahogan y permitir el debate de las ideas en ámbito pluralista y de diálogo respetuoso.
Quienes trabajamos, investigamos o ejercemos la docencia en el sector de la comunicación, nos dirigimos a la Presidencia de la República para solicitarle:
A - que, conforme a la Constitución, devuelva a los miembros de su gabinete y a los grandes organismos del Estado la facultad de informar a la población y de facilitar a los medios el libre acceso a la información pública, dejando sin efecto el Plan de Estrategia Comunicacional del 31.01.2007, el decreto 7454 de junio 2010 que crea el Centro de Estudios Situacionales de la Nación CESNA y la Providencia de septiembre 2010 que crea la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica SUSCERTE, todos ellos instrumentos que cercenan o limitan severamente componentes esenciales de la libertad de comunicar;
B - que reconozca a todas las emisoras radio-televisivas de propiedad del Estado su carácter de Servicio Público orgánico, y auspicie la creación de una Autoridad Independiente rectora de las mismas que asegure el máximo de pluralismo y equilibrada libertad de expresión en sus emisiones, y las lleve a ser modelo cualitativo para el resto del país y la región;
C - que reduzca al mínimo estrictamente indispensable su comparecencia en medios y “en cadena”, por cortarle al país entero, hasta por siete u ocho horas diarias, su acceso al flujo normal de la información, y
D - que tenga el gesto de devolver a sus legítimos propietarios el uso y bienes de las emisoras confiscadas o clausuradas, y que propicie el advenimiento de un panorama mediático despolarizado, plural, de mutuo respeto, libre discusión y genuinamente democrático.
En Caracas, el 21 de enero de 2011
Los Miembros de la Alianza: Colegio Nacional de Periodistas, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Espacio Público, Expresión Libre, Círculo de Reporteros Gráficos de Venezuela, Federación Internacional de Periodistas, Comité por una Radiotelevisión de Servicio Público, Instituto Prensa y Sociedad, Centro de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello, Programa de Postgrado en Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela, Tiziana Polesel, directora de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, Magaly Ramírez, directora de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Santa María, Escuela de Comunicación Social de la Universidad Monteávila.
jueves, enero 20, 2011
Venezuela es calificada como "país de alto riesgo" por AON RISK SOLUTIONS
El ‘Mapa de Riesgo Político 2011’ presentado ayer en Madrid por AON arroja como principal conclusión que aunque la economía mundial se encuentra en vías de recuperación, el nivel de riesgo político ha aumentado en más países que en los que se ha reducido. Para esta edición se han analizado 211 países y territorios; en 19 ha empeorado la situación mientras que sólo en 11 ha mejorado. Como hace un año, se constata que los niveles de riesgo político se mantendrán y, de hecho, el impago de deuda soberana en determinados países se sitúa como uno de los principales riesgos que deben afrontar las empresas.
Mariano Viale, director de Riesgo Político de AON RISK SOLUTIONS ESPAÑA, expuso la metodología que se sigue para la elaboración del trabajo, que se ha realizado de nuevo junto con la asociación Oxford Analytica y con la novedad de la colaboración por primera vez de Financial Times. Sobre la percepción de riesgo de impago de deuda soberana, como comentario general, dijo que es aceptable para algunos países si se tiene en cuenta la evolución seguida en los últimos años; desde 2008, “hay un claro incremento de la percepción, con picos que luego bajan, aunque de manera distinta en cada región”. Aclaró, en ese sentido, que “los países con mercados emergentes han tenido un mejor comportamiento que los países con mercados desarrollados”.
Venezuela se encuentra entre los países de “alto riesgo” porque, de acuerdo al reporte, hay peligros de guerra o insurrección civil, control cambiario, impago de la deuda e intervención estatal en la cadena de distribución y el sistema judicial.
El país es el único en ser calificado de alto riesgo en todo el continente americano. En todo el mundo hay 13 países que tienen los 7 iconos de riesgo: Afganistán, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Irán, Irak, Kyrgyzstan, Líbano, Corea del Norte, Pakistán, Palestina, Somalia, Venezuela y Yemen.
Puede ver el mapa AON de riesgo político 2010
viernes, enero 14, 2011
¡No dejemos que cierren el Museo de Transporte!
La destrucción del Museo del Transporte
A pesar de la terrible amenaza de que pende sobre el Museo, este domingo 16 de enero reabrirá sus puertas al público el Museo del Transporte, Guillermo José Schael. Nuestros proyectos se mantienen firmes y con el mismo entusiasmo por continuar sirviendo a los caraqueños, si bien se han redoblado las amenazas de sacar al Museo del sitio en donde ha funcionado durante 40 años, que intentan destruir un espacio ciudadano que funciona sin costarle un centavo a la nación.
Los tentáculos del poder que se mueven para ahogarnos económicamente comienzan a asfixiar al Museo, favoreciendo de manera descarada a nuestros concesionarios: Consorcio Fonbienes y colectivos Peliexpress C. A. y líneas autobuseras filiales. Estos han dejado de cancelar los cánones mensuales acordados para lucrarse de lo que de acuerdo a los contratos suscritos con la FMT, a cada una de esas empresas mercantiles corresponde pagar a principios de cada mes a la Fundación Museo del Transporte.
Tales contratos debidamente fundamentados en absoluta legalidad y perfecta concordancia con el Convenio de Comodato celebrado entre el Estado y la Fundación Museo del Transporte, proveen los únicos fondos para atender las obligaciones para con el patrimonio histórico, el funcionamiento y el público al cual se debe nuestra institución. Colecciones únicas e invalorables.
Lastimosamente, la gran cantidad de dolientes no cuenta para ninguno de quienes tienen en sus manos despejar el panorama acerca del destino del Museo de manera que podamos trabajar en paz como lo hicimos hasta este trance que nos llena de inquietud, angustia y zozobra, poniendo en el pretil la estabilidad del personal y sus familias además de la salvaguarda del patrimonio y el celo empeñado en las demás tareas atendidas por el Museo en el ámbito de la investigación y difusión de la historia y evolución de los medios de transporte en el país.
De ahí la importancia de que quienes sienten amor por ese espacio abierto de la ciudad que también es, los interesados en la buena salud del Museo del Transporte Guillermo José Schael, de su labor y funciones, se acerquen y lo manifiesten con señales inequívocas apoyando esta institución que fue creada para todos los caraqueños.
Para que desnuden a quienes nos ofenden con las diligencias hace tiempo emprendidas para debilitar la institución al amenazarla, despojarla, falsificar la realidad documentada, perseguir al amparo de padrinazgos, en forma descarada, y el aprovechamiento pecuniario en detrimento de la Nación como del Museo del Transporte.
Queremos dejar en claro, que aunque es una pelea injusta, e innoble, el Museo continuará con sus labores, para cumplir hasta el último día con el propósito educativo de la institución.
Cordiales saludos,
Alfredo Schael
Director del Museo
miércoles, enero 12, 2011
Un caso de la historia de la inmigración italiana en Venezuela
Lugar Puerto de la Guaira
Testimonio Teresa Signorini de Petrelli redactado por su nieta Elizabeth Petrelli Masi (UCAB)
La Iglesia Católica Venezuela se pronuncia ante el "paquete de leyes" de diciembre de 2011
ANHELOS DE UNION, JUSTICIA, LIBERTAD Y PAZ PARA VENEZUELA
A todos los sacerdotes y diáconos, a los miembros de instituto de vida consagrada, a todos los fieles católicos y a las personas de buena voluntad:
INTRODUCCIÓN
1 Al comenzar este Año Bicentenario de la Declaración de la Independencia, los Arzobispos y Obispos de Venezuela saludamos y bendecimos afectuosamente a todos los venezolanos, y les hacemos una cordial invitación a crecer en la esperanza y la confianza en Dios, Padre misericordioso, Señor de la historia. La celebración de la Navidad nos ha recordado que “Dios es amor” (1) y que Jesucristo está con nosotros (2), para comunicarnos vida, paz y felicidad plena y eterna.
2. Reunidos en nuestra XCV Asamblea Ordinaria queremos compartir con todos los fieles católicos y con todos los hombres y mujeres de buena voluntad nuestra preocupación sobre la actual situación del país, al cual servimos con nuestra misión pastoral. Igualmente nos proponemos iluminar a la luz del Evangelio de Jesucristo, de la Doctrina Social de la Iglesia y de los principios éticos universales, la difícil coyuntura histórica que vive hoy nuestra patria. Nuestro presente llamado a la unidad, la libertad y la paz quiere ser una contribución al entendimiento político y social, a la edificación de una sociedad fundamentada en el respeto a la vida y a la dignidad de toda persona, en el imperio de la verdad y de la justicia, en el pluralismo, la inclusión social y la democracia.
SOLIDARIDAD CON LOS DAMNIFICADOS
3. Ante todo, expresamos nuestro afecto y más viva solidaridad con las víctimas de las copiosas lluvias caídas en la mayor parte del territorio nacional durante los últimos meses del pasado año 2010. Ellas, y la carencia de una política de prevención y de planificación sostenida que minimice los efectos de las catástrofes naturales, han ocasionado la lamentable pérdida de algunas vidas humanas y de numerosas viviendas, especialmente de compatriotas de escasos recursos materiales. Damos gracias a Dios por la solidaridad y diligencia que han demostrado con nuestros hermanos necesitados los organismos del Gobierno tanto nacional, como estadales y municipales, así como instituciones, asociaciones privadas y personas particulares. La acción solidaria de la Iglesia no se hizo esperar. Numerosas parroquias, escuelas e instituciones han sido centros de acopio, y recibieron en sus instalaciones a los damnificados. Caritas de Venezuela recibió toneladas de alimentos y artículos de primera necesidad, provenientes de comunidades parroquiales y de entidades privadas, y distribuyó dicha ayuda a nuestros hermanos, sin ningún tipo de discriminación social, religiosa o ideológica (3).
4. Ahora, pasada la etapa de la emergencia, es necesario que el Estado realice un trabajo serio, responsable y eficaz para solucionar problemas estructurales de vialidad y vivienda. Además, mientras haya damnificados en los refugios, los venezolanos hemos de apoyarlos con nuestra solidaridad concreta. En este sentido pedimos a los agentes de pastoral, y a los grupos apostólicos organizarse para continuar aliviando el sufrimiento de nuestros hermanos. Recordemos que en cada persona, y especialmente en los más necesitados, encontramos a Nuestro Señor Jesucristo (4), quien nos exige amar preferencial y desinteresadamente a los pobres.
DOSCIENTOS AÑOS DE LA DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA
5. El 5 de julio de este año 2011 celebraremos, Dios mediante, el Bicentenario de la Declaración de nuestra Independencia como nación. Ya en enero del año pasado, el Episcopado venezolano publicó una Carta Pastoral donde compartía con la comunidad nacional algunas reflexiones sobre el significado y actualidad de este acontecimiento para la Venezuela contemporánea (5). Hoy queremos recordar que aquella solemne Declaración de 1811 comenzaba invocando y poniendo a Dios por testigo de la rectitud de sus propósitos, manifestando explícitamente su ubicación dentro del marco espiritual de la tradición cristiana e inspirándose en ideales de libertad y de justicia, de unidad y de paz (6).
6. Los fundadores de la República emprendieron, con valentía y sacrificio, el largo camino de construir una nación libre, soberana e independiente, fundamentados en el respeto de la dignidad y en la vocación a la libertad de toda persona. El mejor homenaje que hoy podemos tributar a su memoria es honrar y profundizar, en nuestras leyes y en nuestras instituciones republicanas, los ideales que los inspiraron para buscar el bien de la Patria, y respetar la voluntad y decisión del pueblo. LA SITUACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL
7. En este sentido, los Obispos de Venezuela consideramos un ineludible imperativo ético y legal el respeto a la letra y al espíritu de la Constitución vigente. Ella es el fundamento jurídico del estado de derecho y la garante principal de los derechos del pueblo y de cada persona en particular, de la convivencia pacífica entre los ciudadanos y del correcto funcionamiento de las instituciones públicas y privadas.
8. Ahora bien, en diciembre pasado, en medio de la calamidad pública provocada por las persistentes lluvias, y durante el acostumbrado receso de actividades, el Gobierno y la Asamblea Nacional priorizaron una agenda ideológica destinada a la implantación de un sistema socialista y totalitario de Estado y de gobierno contrario a la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada por votación popular el 15 de diciembre 1999. Recordemos que la propuesta de reforma para adecuarla al actual proyecto ideológico del Ejecutivo Nacional, que excluye y discrimina a quienes no compartan la ideología socialista, fue rechazada por la voluntad del pueblo expresada en el referendum del 2 de diciembre de 2007.
9. En ese marco se ha dictado una ley habilitante que confiere poderes especiales al Presidente de la República para legislar por un lapso de 18 meses con la justificación de la gravísima emergencia de infraestructura en vialidad y viviendas provocada por las lluvias. Esta ley confiere al Presidente poderes especiales para legislar en aspectos que nada tienen que ver con dicha emergencia, y delega en el Ejecutivo una facultad extraordinaria, más allá del período para el cual fueron electos los anteriores diputados, limitando así a la nueva Asamblea Nacional en una de sus facultades esenciales. Esto es un inaceptable desconocimiento de la voluntad popular expresada en las elecciones legislativas del pasado 26 de septiembre.
10. La Asamblea, en menos de un mes, aprobó veinticinco leyes, muchas de las cuales contienen disposiciones que restringen derechos y garantías de los venezolanos, e incorporan propuestas de la reforma a la Constitución que fueron rechazadas por el pueblo en el referendum del 2 de diciembre de 2007 (7). Nos preocupan, entre otras, las así llamadas “leyes del Poder Popular”, que confieren atribuciones a las “comunas, directamente vinculadas al Ejecutivo Nacional, con menoscabo de la forma federal descentralizada del Estado (8), pues no se corresponden con la organización político- territorial de la República establecida en la Constitución, crean unas estructuras nuevas, con un contenido ideológico excluyente, centralizador y presidencialista, e invaden el ámbito de competencias de las Gobernaciones, Alcaldías y Parroquias.
11. Leyes relacionadas, entre otras cosas, con las telecomunicaciones y la responsabilidad social de radio y televisión, con Partidos Políticos, con las Universidades – ley aprobada por la Asamblea y devuelta por el Presidente -, conllevan limitaciones a derechos fundamentales de los ciudadanos, condicionan la libertad de conciencia y pretenden afianzar el pensamiento único y la hegemonía comunicacional del Gobierno. Por otra parte el Ejecutivo prosigue las expropiaciones, sin cumplir los procedimientos establecidos en la Constitución, atentando así contra la propiedad, derecho inalienable y constitucional de cualquier persona.
12. Las nuevas leyes poco tienen que ver con los problemas reales del país. En efecto: la situación de Venezuela es ya muy grave por el auge incesante de la inseguridad y de la violencia que impera especialmente en las grandes ciudades y en las zonas fronterizas; por la contracción económica, y el progresivo endeudamiento del país; por el inmenso déficit de viviendas y los problemas en la vialidad; por el encarecimiento continuo del costo de la vida que afecta especialmente a los más pobres, y los problemas de suministro de alimentos; por la inhumana situación de las cárceles y la deficiente administración de justicia, caracterizada por el retardo procesal en la mayoría de los juicios. En vez de resolver estos problemas, las recientes leyes crean una gravísima situación política, pues con ellas se pretende imponer a los venezolanos un sistema socialista estatizante y totalitario, que amplía el círculo de la pobreza, y agudiza la dependencia del pueblo respecto de un poder centralista. Desde el punto de vista ético, consideramos que esta manera de proceder no resuelve los problemas de la gente, cercena algunos de sus derechos, e irrespeta y desconoce la voluntad popular mayoritaria expresada reiteradamente por medio del voto.
13. La Asamblea realizó además una nueva modificación al Reglamento Interior y de Debates que minimiza al Poder Legislativo como institución democrática de representación, control y legislación, pues no sólo reduce las posibilidades de intervención de los diputados, sino que obstaculiza el funcionamiento del Parlamento, institución esencial del sistema democrático.
14. Como ciudadanos, como cristianos y pastores de la Iglesia, los Obispos no podemos callar. Jesús nos enseña que el poder no debe ser ejercido como un dominio sobre los demás, como si los gobernantes fueran dueños de las naciones, sino más bien como un servicio a todos (8). Por lo tanto, para nosotros los cristianos el poder no es un fin en sí mismo. Es un servicio de los gobernantes al bien común de todos los ciudadanos. Las autoridades del Estado no pueden asumir el control total de la vida de las personas, y tampoco establecer las condiciones para eternizarse en el ejercicio del poder. Es contrario a los valores cristianos, a los derechos humanos y al sentido común destruir al que piensa diferente, o condenarlo al silencio (9).
15. Nos preocupa hondamente la nueva radicalización política, pues sin duda provoca una gravísima situación de conflicto. En 1998, La Conferencia Episcopal Venezolana manifestó su rechazo a cualquier tentación totalitaria (10). Ahora nos encontramos ante la pretensión de imponer un sistema político socialista-marxista y totalitario, contrario al sistema democrático consagrado en la Constitución de 1999, y reafirmado con el rechazo a la propuesta de reforma constitucional. Los Obispos consideramos que esta imposición es moralmente inaceptable, pues ofende la dignidad de cada persona, creada a imagen y semejanza de Dios, desconoce la soberanía popular y vulnera gravemente el bien común, la institucionalidad democrática y los derechos de los venezolanos.
TRABAJAR POR LA PAZ : EXIGENCIA IRRENUNCIABLE
16. Por ese motivo hacemos un respetuoso pero apremiante llamado al Gobierno Nacional y a los dirigentes del partido de gobierno a que tomen conciencia de la peligrosa situación que están generando, y de la gravísima responsabilidad que tienen ante Dios y ante el país. Les pedimos respetar las exigencias democráticas del pueblo venezolano plasmadas en la Constitución de 1999, y rectificar su propósito de establecer la hegemonía absoluta del Estado sobre todos los espacios y aspectos de la vida de Venezuela. Esta pretensión compromete la libertad, la justicia y los derechos constitucionales del pueblo. Sería un gesto positivo para la estabilidad democrática si, en acatamiento a la voluntad popular expresada en las elecciones legislativas del pasado 26 de septiembre de 2010, se devolviera a la Asamblea Nacional todas sus facultades legislativas.
17. A los otros actores políticos los convocamos a trabajar firme y democráticamente en defensa de los derechos de los ciudadanos descartando cualquier tentación de fuerza. A los líderes del Gobierno y de la oposición los llamamos a la sensatez y a la reflexión, al diálogo verdadero, y a promover el encuentro y la unidad entre todos los venezolanos. Todos debemos resolver los conflictos de manera pacífica y estamos obligados a trabajar por la paz. Por supuesto, los líderes políticos deben trabajar desinteresada y democráticamente en la promoción y defensa del bien común, y de los derechos y aspiraciones del pueblo venezolano. Igualmente, los otros actores sociales, empresariales, laborales, culturales, y comunicadores sociales, tienen una responsabilidad que han de ejercer cabalmente. Todo actor social debe escuchar a la gente, estar con ella, defender sus derechos y trabajar por el bien común.
18. A quienes se sienten agredidos y angustiados por la actual situación política les corresponde constitucionalmente participar en forma responsable y activa, de manera pacífica y democrática, pero firme y decidida, en la promoción y defensa de sus irrenunciables derechos, de la libertad, de la justicia y de la paz. Todos los ciudadanos y, de manera particular los cristianos, estamos llamados a dar nuestra contribución al bien común, exigiendo con firmeza el respeto del orden constitucional y legal, y colaborando a la resolución pacífica de los conflictos. Esta es la actitud que esperamos marque el ejercicio legislativo y contralor de la recién instalada Asamblea Nacional. Nadie debe delegar en otros su propia responsabilidad de ser constructor de la paz.
19. Por nuestra parte, los Obispos de Venezuela, pastores y hermanos de todos sin distinción de ningún tipo, y consagrados por vocación al servicio de nuestro pueblo, manifestamos nuestra indeclinable disponibilidad a trabajar por Venezuela, a ser factores de unidad, y a ejercitar y a promover el diálogo constructivo entre todos los sectores de la sociedad.
CONCLUSIÓN
20. En este Año Bicentenario fortalezcamos la esperanza en Dios, fuente de todo bien, y trabajemos decididamente por una sociedad fraterna y solidaria, justa, libre y pacífica, como la que soñaban los Padres de la Patria hace doscientos años. Es preciso que todos los sectores políticos y sociales descarten la violencia verbal, legal o física como medio para resolver los problemas. Hacemos un llamado a desterrar el odio y la discordia, el revanchismo el insulto y las consignas de muerte. Se ha de respetar incluso a quienes tienen opiniones políticas diferentes. Todo se pierde con la violencia. Todo se gana con el respeto, el diálogo y el encuentro cívico y fraterno.
21. Escuchemos las palabras de Jesucristo: “Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados los hijos de Dios” (12). Oremos intensa y confiadamente a Cristo, “Rey pacífico” (13), para que nos conceda a todos ser esforzados constructores de la paz. Colocamos estas intenciones en las manos amorosas de María Santísima, Nuestra Señora de Coromoto, a quien rogamos interceda por el futuro, la prosperidad y la reconciliación de todos los venezolanos. ¡Dios bendiga a su pueblo con la paz! (14)
Con nuestra afectuosa bendición episcopal,
Caracas, 11 de enero de 2011.
Los Arzobispos y Obispos de Venezuela.
-----------Notas
1. I Jn,4,8
2. Mt, 28,20)
3. Hasta el 31 de diciembre Caritas de Venezuela ha distribuido 180 toneladas de alimento y enseres varios; 2000 kits de higiene y 20 toneladas de ropa; 37 toneladas de agua; 1000 colchonetas con sus respectivas sábanas; 500 kits de limpieza; se le proporcionó ayuda psicológica a 200 damnificados; se dotaron 100 albergues con primeros auxilios; con el apoyo de Sánitas de Venezuela se entregaron 200 cajas de Cruz Roja con medicamentos para la atención primaria. En todos los Estados en emergencia a través de agentes pastorales y voluntarios de Cáritas, con el apoyo de los párrocos locales, se prodigó acompañamiento espiritual y pastoral. Hasta el 31 de diciembre se recibió un millón de Bs. en alimentos y enseres y 800.000 Bs F en donación a las cuentas de Cáritas.
4. Cf. Mt. 25, 40.
5. Conferencia Episcopal Venezolana: “Carta Pastoral sobre el Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República”, XCIII Asamblea Ordinaria del Episcopado Venezolano, Caracas 12 de enero de 2010.
6. Op. cit. nn 6 y 8.
7. En este sentido han sido denunciadas por los Presidentes de las Academias Nacionales como un “desconocimiento del estado de derecho” Pronunciamiento, 22 de diciembre de 2010.
8. Cf. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), art 4
9. Cf. Mc 10, 42-44.
10. “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones”… Declaración Universal de los Derechos Humanos, art.19 , ONU, 1948.
11. Reiteramos lo afirmado por la Conferencia Episcopal Venezolana en vísperas de las elecciones presidenciales del año 1998: “La Iglesia en Venezuela, que ha acompañado el proceso democrático, rechaza todo inmovilismo y tentación totalitaria, ratifica su compromiso por una auténtica democracia, se compromete en su fortalecimiento… (Declaración ante las elecciones” 23 de octubre de 1998, en “Compañeros de Camino, CEV, Ediciones Trípode, 2000).
12. (Mt 5, 9)
13. Is 9,5
14. Cf. Sal. 29,11
martes, enero 11, 2011
Un caso sobre patrimonio arqueológico en Venezuela: "la espada de Paria"
Clemente Balladares
En Venezuela las espadas clásicas de combate son generalmente del tipo sable, estocada de media curva, con empuñadura de variados estilos que datan desde mediados del siglo XVII hasta finales del XIX; luego las espadas entregadas a los militares en el XX y comienzos del siglo actual son meramente de carácter simbólico para su graduación, ascenso u honores. Es muy probable (de no ser una replica) que los hallazgos arqueológicos de espadas en nuestro país generalmente estén vinculados con restos piratas o la época de independencia y guerra civil. Estos sables permitían un corte rápido y mortal durante encuentros efímeros pero vitales para cada combate. Algunos historiadores y cronistas de nuestra guerra de independencia aseveran que en, nuestra emancipación de España, las armas principales eran la lanza y el machete; los sables de caballería poco conocieron la sangre enemiga. A falta de una fotografía y la memoria perdida de casi 40 años del Sr. Facundo, quien no conocía de estas antigüedades, es casi imposible saber qué grado de valor, data y tipo tenía aquella espada hallada en las montañas de ese alto cerro en las selvas de Paria.
El señor Cedeño guardó la espada en su hogar de Macuro, hasta que durante ciertas disputas familiares la misma le fue sustraída por algunos parientes del pueblo quienes la entregaron al Sr. Francisco Bompart. En el año 2004 este otro lugareño le ofreció el arma al Presidente de la República a través de la Ministra del Ambiente para ese momento, diciéndole que era una de las “espadas de Bolívar”. A cambio de esta, solicitaba un motor fuera de borda. La espada fue enviada al primer mandatario nacional y los funcionarios cumplieron su promesa de intercambio.
Dos años después el motor era decomisado en la vecina Trinidad por haber tomado parte de un contrabando; algo muy común en esa zona fronteriza, pero ¿Y la espada?
Según la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, en su artículo 35 reza que los bienes arqueológicos descubiertos en territorio nacional son patrimonio de la nación. Sancionando con dos a tres años de prisión a quien deteriore estos bienes. En resumen de la Ley, el Estado debe velar por esos bienes y tiene el derecho de incautar esos bienes para fines de conservación, investigación y educación. Así ocurrió a finales de 2009 con los cañones del siglo XVII hallados en las profundidades frente al pueblo varguense de La Sabana. La fiscalía actuó frente a varias personas que los tenían y se entregaron al Instituto de Patrimonio Cultural quienes determinaron eran de fabricación holandesa y alemana alrededor de 1553 y 1632 respectivamente. A comienzo de 2010 otro grupo de cañones fueron recuperados y el estado venezolano actualmente los posee.
¿El presidente entregaría esa espada a una institución adecuada a su estudio y exhibición? ¡Que sepamos, no!
lunes, enero 10, 2011
Historiador venezolano G. Carrera Damas, dictará este jueves a las 7pm y viernes a las 11 am, Lección Inaugural en la UMA
El Doctor Germán Carrera Damas dictará Lección Inaugural en la UMA
Caracas, enero 2011
El Dr. Germán Carrera Damas, es profesor titular jubilado de la Universidad Central de Venezuela de la Facultad de Humanidades y Educación en la Escuela de Historia. Cuenta con una amplia experiencia diplomática en varios países y ha sido acreedor de numerosos reconocimientos. Ha dictado numerosas conferencias y foros a nivel nacional e internacional.
Este autor ha escrito más de 40 obras: "Historiografía marxista venezolana y otros temas" (1967), "El culto a Bolívar" (1969), "La dimensión histórica en el presente de América Latina y Venezuela" (1972), "Validación del pasado" (1975), "La crisis de la sociedad colonial venezolana" (1976), "Una nación llamada Venezuela" (1980), "La necesaria reforma democrática del estado" (1988), "De la dificultad de ser criollo" (1993) "Emergencia de un líder" (1994), "Aviso a los historiadores críticos" (1995), entre otras.
La ponencia del Dr. Carrera Damas tratará acerca del temor en que han incurrido especialmente las personas que poseen una función docente al emplear las grandes palabras, (patria, patriotismo, patriota, individuo, ciudadano, etc.) las que han sido excluidas del vocabulario de las nuevas concepciones de la ciencia social y política ya que las mismas han sido utilizadas, por los gobiernos de fuerza, para manipular al pueblo y lograr concretar sus propios fines.
En la Lección Inaugural se destacará la importancia de reivindicar y rescatar la dignidad de estas palabras ya que son genuinas representaciones de una sociedad en su lucha contra el despotismo o como prevención ante posibles retornos de los gobiernos dictatoriales.
sábado, enero 08, 2011
Voy a extrañar esta Caracas sin tráfico. Crónicas politológicas (XLV)
Por otro lado, el tráfico no es nada comparado con la realidad de la criminalidad. En estas navidades, muchas veces pensé que incluso soportaría el tráfico, la inflación y mis problemas económicos ligados a la realidad nacional, si no viviéramos en este estado de zozobra de ser amenazados constantemente. Si la vida se valorara en mi país, podía soportar muchas cosas…
jueves, enero 06, 2011
¿Por qué Chávez pone a un anciano guerrillero que invadió Venezuela con el apoyo de Cuba, de Presidente del Legislativo?. Crónicas politológicas (XLIV
Al leer el pron…biografía de Luis Fernando Soto Rojas, me entero que es un exguerrillero de la izquierda insurgente de los sesenta, pero específicamente de los que fueron entrenados en Cuba e invadieron Venezuela por Machurucuto en 1967. ¿Qué mensaje se nos envía a los demócratas con esta decisión? Es simple, ya lo dijo el propio Soto Rojas al señalar: “Hay que aniquilar la burguesía…. Nada de debatir con ellos” (burguesía para el régimen es todo el que se oponga al proyecto); y Chávez podría decir: yo elijo el que me de la gana, y como deseo la radicalización inspirada en el modelo cubano, les doy un ejemplo en vida. Por otro lado, para mí el Poder Legislativo no tiene ningún valor, y por ello pongo a una persona que no tiene la competencia y capacidad para dirigirlo.
Los anuncios por otros diputados oficialistas, empezando por la inefable Iris Varela, nos señalan que esta institución muy pronto será vaciada de todo poder (por lo menos por año y medio lo estará gracias a la habilitante y con la reforma del Reglamento de Debates), ya no le sirve a los objetivos del que manda. Como diría el vicepresidente recién electo (Aristóbulo) “hay que esbaratarlo”.
miércoles, enero 05, 2011
¿Por qué no cambian? ¿Qué hacer ante esta realidad?. Crónicas politológicas (XLIII)
Profeballa
Razón y sentido de las crónicas politológicas son fundamentalmente la redacción de la historia inmediata venezolana, pero para una explicación más amplia de dicha crónica leer acá.
martes, enero 04, 2011
El dictador acaba de retroceder ante una de sus leyes inconstitucionales: La Ley de Universidades. Crónicas politológicas (XLII)
Profesor Pedro Nikken explica el escenario político que surge del "nuevo marco institucional" construido por Chávez vía Poder Legislativo en 2010
UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
REUNIÓN DE ANÁLISIS DEL NUEVO ESCENARIO NACIONAL 2011 CARACAS, 4 DE ENERO DE 2011 (escuchar todas las ponencias acá).
“El nuevo contexto político del país”
Exposición del profesor Pedro Nikken
Agradezco al Rector Virtuoso el honroso y comprometedor encargo de introducir la nueva situación política, surgida como consecuencia de la súbita irrupción de un nuevo marco institucional que violenta la Constitución así como estándares universales de la democracia y del estado de derecho. Después de haber completado mi carrera académica en la Universidad Centra de Venezuela, no puedo ocultarles mi emoción al regresar a la Universidad de donde egresé en 1968 para compartir con la comunidad reflexiones sobre los graves momentos por los que atraviesan la Universidad venezolana y la República misma.
Comienzo con dos puntos aclaratorios de esta introducción. El primero consiste en pedir disculpas anticipadas por un análisis predestinado a ser incompleto. Dada la envergadura de las transformaciones del orden jurídico-político involucradas en el paquete de leyes y medidas decididas por la Asamblea Nacional y el gobierno como un todo, estoy seguro de que esta presentación olvidará o no tendrá presentes algunas de ellas. El segundo, está referido a la naturaleza de esta presentación, que no se referirá de manera particular al contenido concreto de cada ley componente de ese paquete. Se trata entonces de una visión global, que tratará de determinar en qué punto del proceso político de la Revolución Bolivariana nos encontramos.
El nuevo cuadro político, surgido de la asonada parlamentaria de diciembre de 2010, se caracteriza por el abandono desembozado de principios fundamentales de la democracia y del estado de derecho. Esto se manifiesta en dos órdenes concurrentes. Por una parte, tenemos una nueva sobredosis de concentración del poder en cabeza del Presidente Chávez. Por otra parte, se ha tomado medidas que agravan dramáticamente la asfixia de la sociedad y cercenan la disidencia y la crítica
I. Más concentración de poder: autoritarismo
La primera medida que tomó la Asamblea Nacional en diciembre, el día 8, fue la atropellada designación de nuevos Magistrados (9 principales y los 32 suplentes) al Tribunal Supremo de Justicia, sin atenerse a los requisitos prescritos por la Constitución, toda vez que se ha designado a abogados sin la experiencia judicial ni académica exigida, como lo son varios parlamentarios actuales del partido de gobierno, cuyo mandato como tales se extingue el 5 de enero de 2011. Si la politización e instrumentalización del poder judicial eran un hecho notorio, esta última designación agudiza el vicio hasta lo grotesco. Tan grave, que una ex magistrada, no caracterizada precisamente por su posición crítica frente al régimen, como lo es la profesora Hildegard Rondón de Sansó, la resumió diciendo que “un sector fundamental del poder del Estado, va a estar en manos de un pequeño grupo de sujetos que no son juristas, sino políticos de profesión, y a quienes corresponderá, entre otras funciones el control de los actos normativos.” Se completa así el anonadamiento de la justicia que ha venido fraguándose desde que se instauró el actual régimen.
Sin menoscabo de la importancia de esas designaciones, lo más grave ha sido lo que no vacilo en calificar como golpe de estado contra el parlamento electo el 26 de septiembre de 2010. Una Asamblea Nacional agónica delegó en el Presidente de la República la potestad de legislar durante un período que excede de su mandato, durante el cual esa potestad correspondía y ciorresponde a quienes eligió el pueblo para ejercerla. Más allá de las formas jurídicas, es obvio que se incurrió en un claro abuso de poder, que defrauda ilegítimamente la voluntad del soberano. La mayoría circunstancial de 2005 encontró un ardid para imponerse sobre el voto de 2010 y extender el efecto de aquel precario mandato hasta 2012. Es una imposición a la vez ilegítima y antidemocrática, que se prevale de la sumisión del poder judicial para garantizar que se la comete impunemente.
Adicionalmente, haciendo abstracción de la justificación invocada para semejante delegación legislativa y de su fundamentación formal en la Constitución venezolana, con ella se ha facultado al Presidente a decretar leyes que, bajo conocidos estándares internacionales de universal aceptación, sólo pueden emanar de los órganos legislativos previstos en la Constitución y democráticamente elegidos, como lo son el establecimiento de nuevos delitos y penas, y las limitaciones a los derechos humanos, incluida la anunciada restricción de la cooperación internacional que reciben las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela, que luchan en defensa y promoción de los derechos humanos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales. Este es un aspecto inderogable del principio de legalidad, esencial para la vigencia del estado de derecho y la democracia constitucional.
A esto se agrega que se ha reformado el Reglamento de la Asamblea Nacional, en términos que restringen de manera irrazonable y abusiva las posibilidades reales de que los diputados elegidos el 26 de septiembre de 2010 puedan ejercer efectivamente su mandato. Se reducen las sesiones a una semanal y limita el tiempo que puede usar un parlamentario en los debates a diez minutos máximo y a tres minutos de réplica. Para privar a los 65 diputados que eligió la oposición del ejercicio real de su mandato, se ha procedido a sepultar al parlamento como tal. Se ha configurado así un verdadero golpe de estado contra la Asamblea Nacional elegida el 26 de septiembre de 2010, a la que se pretende condenar a ser un parlamento que no legisla y que no debate.
Adicionalmente, la Asamblea Nacional saliente ha aprobado, sin un debate abierto y participativo en su seno ni en la sociedad, un conjunto de leyes que se apartan del concepto de Estado federal descentralizado pautado en la Constitución de 1999 para sustituirlo por el Estado comunal centralizado, con lo que se culmina un proceso ilegítimo iniciado hace dos años destinado a dar vida, por la vía legislativa, a la reforma constitucional propuesta por el Presidente de la República en 2007 y rechazada por el pueblo en el referéndum que tuvo lugar el 2 de diciembre de esa año. Se consolida una reordenación territorial fundada en las denominadas comunas y la creación de un “Poder Popular”, no previstos en la Constitución; se sustituye al municipio como “unidad política primaria de la organización nacional”, como lo pauta la Constitución, por la comuna y se pretende despojar, en cambio, de sustanciales competencias a órganos constitucionales electos popularmente, como lo son los alcaldes municipales y los gobernadores estadales.
Adicionalmente, a través de una ley especial, se ha concebido una “sistema económico comunal” al margen y en contra de la Constitución, en el cual se impone el llamado modelo productivo socialista, se crea una banca comunal, se ignora la propiedad privada y se la sustituye por una indefinida “propiedad social”, se introduce una “moneda comunal” al margen del Banco Central de Venezuela y establece el trueque como medio institucional de comercio de bienes y sevicios.
Esta estructura, que afecta a todos los estados y municipios, es particularmente nociva en las entidades territoriales donde el partido de gobierno perdió las elecciones, pues se traduce en el desplazamiento de alcaldes y gobernadores electos por el pueblo conforme a la Constitución por funcionarios y entidades no constitucionales, que obedecen las líneas y directrices del Presidente de la República. Este es un punto de inflexión en la asfixia a la sociedad y a la disidencia, característica que no limita el momento político actual a los riesgos de autoritarismo, sino a que el Estado cope todos los espacios del cuerpo social, en un proyecto totalitario.
II. La asfixia de la sociedad: el totalitarismo
Otras leyes vulneran las reglas del juego democrático y evidencian franca contradicción con disposiciones explícitas de la Constitución de 1999, con el inocultable propósito de ahogar y penalizar a quienes disienten del proceso político impulsado por el Presidente Chávez. Entre éstas se encuentran una reforma a la ley que rige los medios de comunicación audiovisuales, que restringe aún más la libertad de expresión y que afecta incluso la libertad de utilización de Internet en Venezuela; una ley con conceptos vagos que permite sancionar a las organizaciones de derechos humanos que reciban financiamiento de la solidaridad internacional, como se autoriza y promueve en cánones aprobados por las Naciones Unidas; y una ley que priva a las universidades del pluralismo y la autonomía que son de su esencia y que les reconoce la Constitución. Se trata de sofocar todo foco de disidencia, con la imposición de un pensamiento único o, lo que es peor, de abolir el pensamiento crítico y abatir el pluralismo democrático.
Adicionalmente, se han agudizado las confiscaciones de la propiedad privada. Se ha burlado la norma constitucional según la cual “sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes.” Con el apoyo de la Fuerza Armada, vale decir, de las armas de la República, se ocupan tierras, inmuebles e instalaciones industriales y comerciales productivas, sin juicio de expropiación ni pago de indemnización. Se avanza así hacia el estado propietario de los bienes de producción, conforme a los reconocidos cánones del llamado socialismo real.
Por último, pero no por ello menos importante, el Consejo Nacional Electoral, con una composición aún más radicalizada de partidarios del gobierno, ha establecido nuevas restricciones a la observación electoral. Se suprimió, en la práctica, la observación internacional, mientras que se ha sometido a la observación nacional a restricciones inadmisibles, como la confidencialidad de sus resultados. Tras una amenaza de cancelar el reconocimiento de Ojo Electoral como observador nacional en las elecciones parlamentarias de septiembre, no se lo acreditó como tal en las elecciones parciales del 5 de diciembre. Las elecciones de 2012 se avizoran así como un evento en el cual el Presidente Chávez no invitará al electorado a reelegirlo sino que le ordenará así hacerlo.
Conclusión: Se traspasó la frontera de la democracia.
Con estas acciones, ejecutadas sorpresivamente en un lapso de pocos días, se han afectado elementos esenciales y componentes fundamentales de la democracia según la Carta Democrática Interamericana, como lo son, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el ejercicio del poder con sujeción al Estado de Derecho, la separación e independencia de los poderes públicos, la transparencia de las actividades gubernamentales y la libertad de expresión y de prensa.
Creo que esto se explica porque el gobierno ha constatado que su verdadero proyecto político carece de respaldo popular y ha resuelto imponerlo a como dé lugar.
En el plano político, a partir de su reelección en 2006, el Presidente Chávez ha venido propulsando un mayor radicalismo de su proyecto político y, en paralelo, ha visto disminuir progresivamente su popularidad, su credibilidad y su capacidad de convocatoria. Desde entonces sólo ha ganado claramente una elección, que fue la enmienda para permitir la reelección, en la que tuvo que emplearse a fondo, abusando, como nunca, de los recursos del Estado y presentándola no como un mecanismo para permitir su perpetuación como Presidente vitalicio, sino como una ampliación de los derechos del pueblo elector, e implicando a gobernadores y a alcaldes en la propuesta. Perdió el referéndum constitucional de 2007, sufrió un descalabro en las elecciones locales de 2008 y perdió, en las cifras nacionales de votación, las parlamentarias de 2010, aun cuando, dadas las características de los circuitos electorales, consiguió mayoría parlamentaria, aunque menor a las tres quintas partes de los diputados electos. Estas mermas no son casuales, y pueden encontrar explicación parcial en el rechazo mayoritario a las medidas más radicales del gobierno, en particular cuando se asocia con el modelo cubano, cuando ataca la propiedad privada y cuando vulnera la libertad de expresión.
Adicionalmente, la situación económica ha venido empeorando, como seguramente será explicado por la profesora Patricia Hernández. La devaluación de cerca del 70% del bolívar sobre el dólar, para bienes de primerísima necesidad, tendrá un efecto devastador sobre la economía de los más necesitados y redundará sin duda en un aumento significativo del malestar social. Los avances que, según las estadísticas oficiales, se han producido en el combate a la pobreza crítica, se desvanecerán con esta nueva carga tributaria a los pobres, que se traduce en aumentos de no menos del 50% en alimentos de la cesta básica y en medicamentos.
Ese contexto presagia que la caída de la adhesión al proyecto político del Presidente Chávez se agudizará en lo inmediato. Curiosamente, cuando la mayoría ha mostrado que repudia la radicalización, lejos de seguir democráticamente ese parecer mayoritario, se escoge el camino de transgredir gravemente las reglas de la democracia constitucional, para imponer por la fuerza el proyecto radical. Me atrevo a decir que entre la situación política y la situación económica al proyecto bolivariano se le acabó la gasolina de la democracia y ha optado por recurrir a esquemas conocidos del llamado socialismo real. El pregonado socialismo del siglo XXI muestra entonces su verdadera cara de estalinismo del siglo XX.
El régimen del Presidente Chávez hizo abandono de su legitimidad democrática de origen y la pervirtió en su ejercicio. Entramos en la etapa de la dictadura, una palabra que muchas veces me rehusé a pronunciar cuando pervivían, aunque precarios, los espacios democráticos que se han cerrado abruptamente con la asonada parlamentaria de diciembre último. Se ha orquestado un golpe de estado contra las instituciones democráticas y contra la mayoría que votó contra el gobierno en las elecciones parlamentarias, al abrigo de la sorpresa y en plenas festividades navideñas. Ha sido una estratagema premeditada y bien tramada, propia de un gobierno que utiliza la astucia de los militares que gobiernan para tender emboscadas.
Es natural que el actual estado de cosas despierte la indignación de la sociedad, tanto por las medidas que han configurado un golpe contra la democracia, en los ya reducidos espacios que quedaban, como por las consecuencias sociales de la devaluación de la moneda. Por lo tanto, es previsible también que el porvenir sea de mayor represión y de mayor espionaje, como corresponde a un gobierno que ha decidido abandonar el camino de la democracia. No es concebible que el gobierno haya tramado este sorpresivo escenario en diciembre si no está listo para ahogar brutalmente las protestas en enero, como ya lo han hecho en el pasado los gobiernos impuestos por la extinguida Unión Soviética en Europa del Este.
Sólo la magnitud de la reacción de la sociedad será capaz de inhibir la represión. Ese es un reto para la sociedad. Creo que no tiene otro camino que la protesta masiva, la desobediencia y la resistencia para enfrentar la destrucción de las instituciones democráticas; pero debe prepararse para hacerlo con éxito. La sociedad no está suficientemente organizada para el reto que tiene frente a sí. Corresponde a sus líderes improvisar esa organización y trazar una estrategia eficaz y coherente para obligar al gobierno a retroceder.
Otra dificultad de la reacción contra el nuevo cuadro político es la desmoralización de la sociedad, agotada por luchas fracasadas, atizadas por una alarma que no siempre se justificaba. Es capital que las luchas que se avecinan se encarguen de levantar la autoestima y la confianza en la capacidad del pueblo para imponerse sobre la ilegitimidad que se abate sobre el país. Si la sociedad no se levanta de inmediato, el gobierno aplicará todo el paquete legislativo de diciembre sin dificultad y anonadará a una sociedad pasiva. Pero es necesario que la protesta esté impregnada de optimismo y de la ilusión de construir la grandeza de Venezuela.
La comunidad internacional debe ser movida a considerar la nueva situación venezolana. Esto no será posible sin una reacción popular adecuada. A la vez, una iniciativa de los foros internacionales de debatir el último giro del gobierno venezolano, puede ser un aliento importante para esa reacción popular. Sin embargo, no deben cifrarse ilusiones en lo internacional. Puede ser un respaldo, pero no es la solución. La solución está en nosotros mismos, llamados hoy por la historia a estar a la altura de un desafío que es de vida o muerte. La supervivencia de la Universidad autónoma, científica y fecunda y de la República democrática, constitucional y pluralista dependerá del éxito de las luchas populares para su salvación. Es nuestra decisión llevarlas adelante con determinación y con brío, contra la represión, el autoritarismo y el totalitarismo de la dictadura que se instaura ante nuestros ojos. Con todos los medios pacíficos legítimos de los demócratas, pero también con la determinación de sostenerla por el tiempo que sea necesario hasta vencer. ¡Nunca nos rendiremos! ¡Nunca!