¿Qué es el chavismo? Negar al ciudadano el acceso a la información

Transcribimos el artìculo de ayer de la periodista ADRIANA RIVERA de El Nacional (Siete Días, pag 2-3).

Cerrojo informativo: El Estado viola el derecho del pueblo a estar informado
La Constitución garantiza la posibilidad de acceder a registros y documentos en manos del Estado, pero el silencio de los funcionarios es la respuesta con la que se topan los ciudadanos. Esta actitud, según expertos, dificulta la rendición de cuentas y alimenta la corrupción.
La Constitución garantiza la posibilidad de acceder a registros y documentos en manos del Estado, pero el silencio de los funcionarios es la respuesta con la que se topan los ciudadanos. Esta actitud, según expertos, dificulta la rendición de cuentas y alimenta la corrupción

Los vecinos de El Junquito cerraron las calles el jueves 18 de septiembre porque nunca obtuvieron respuesta de los organismos oficiales sobre cuándo arreglarían el problema de las tuberías de aguas negras. La semana pasada también reclamaron los transportistas porque exigían conocer los planes de seguridad que les evitarán pasar de nuevo el mal rato de acompañar el cortejo fúnebre de un compañero. Si la información estatal hubiese fluido, quizás pudieron evitarse las protestas.

Organizaciones comunitarias y ciudadanas, vecinos, académicos, profesionales y periodistas se tropiezan con el muro del si lencio de los funcionarios sobr e c ue st ione s que les competen. Pese a que el derecho de acceso a la información pública está garantizado en la Constitución, en la práctica no se encuentra plenamente satisfecho.

En este escenario, la democracia participativa y la contraloría social se debilitan.

Para Milenis Bruzual, vocera de la Organización Comunitaria de Vivienda Esmencu, en Catia, Caracas, la firma del presidente Hugo Chávez fue la llave mágica que le abrió las puertas de la administración pública. El escrito con la rúbrica presidencial es la tarjeta de presentación de la OCV fundada hace 3 años con el fin de reactivar la construcción de 128 apartamentos frente a la Clínica Popular de Catia, cuyas obras tenían más de un año detenidas.

Las 500 personas que integran la OCV acudieron al Fondo de Desarrollo Urbano (Fondur) para saber por qué habían paralizado los trabajos. Un funcionario les dijo que fue por falta de recursos.

Ni un detalle más. Los rumores indicaban que los representantes de la constructora habían desaparecido con el dinero pagado. "Pedimos información de manera verbal y escrita sobre cuándo reanudarían la obra. Todos los días íbamos a preguntar y nos atendían como para salir de nosotros", relata Bruzual, de 37 años de edad, que trabaja en la Misión Ribas y es coordinadora de un comité de salud de su sector.

Bruzual protestó por su problema de vivienda, pero también tocó las puertas de todas las instituciones relacionadas con el tema habitacional. "Pocas te dan respuesta a las cartas que envías –se queja –. Eso te dificulta cualquier ayuda que pidas.

Tienes que andar atrás de ellos o que el Presidente dé la orden". Y en su caso, la dio.

Fue en un acto oficial en el que una niña de la comunidad cantó en la coral que se presentó para el jefe del Estado. La pequeña se le acercó y le dio una carta en la que le contaba que necesitaban casas. Chávez instó inmediatamente a su entonces ministro de Vivienda, Ramón Carrizález, a que atendiera el requerimiento. Así, las 90 familias de la OCV Esmencu obtuvieron la pieza necesaria para mover el engranaje estatal y empezar a recibir respuestas. Ahora, la obra está por terminar.

Poco exigentes.

A pesar de que no existe una ley específica sobre la materia, al menos seis artículos constitucionales (28, 51, 57, 58, 141 y 143) establecen el derecho de los ciudadanos de hacer peticiones a las instituciones públicas y garantizan la posibilidad de revisar la data que producen. "Tienen acceso a los archivos y registros administrativos sin perjuicio de los límites aceptables dentro de una sociedad democrática en materias relativas a seguridad interior y exterior, la investigación criminal y a la intimidad de la vida privada, de conformidad con la ley que regule la materia de clasificación de documentos de contenido confidencial o secreto", precisa el artículo 143.

También lo avalan los artículos 19 y 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respectivamente, ambos ratificados por Venezuela.

La Ley Orgánica del Poder Ciudada no, la de Administración Pública y la de Procedimientos Administrativos regulan los mecanismos para realizar solicitudes. El movimiento para la promoción de este derecho celebra hoy el Día Internacional del Acceso a la Información, considerado como una herra mienta necesa ria pa ra la participación ciudadana.

La utilización de los canales regulares por parte de los ciudadanos para acceder a información sobre sus comunidades, sin embargo, es poco frecuente en el país.

Mercedes De Freitas, directora de la organización Transparencia Venezuela, dice que se valora más el derecho a la protesta, aun cuando existen derechos como el de presentar peticiones ante la administración pública y el de acceder a la información del Estado. En los talleres comunitarios que ha dictado sobre el tema, ha observado que la gente por lo general desconoce estas posibilidades. "En términos de ciudadanía los venezolanos somos inmaduros –analiza–. Dependemos del Estado para que resuelva. Desconocemos sus estructuras, no sabemos a quién reclamar. Estamos empezando a madurar en algunos temas como salud, educación y vivienda, porque necesitas saber qué está haciendo el Estado y cómo para poder decidir". Agrega que la información es necesaria para hacer contraloría social; presentar propuestas; hacer seguimiento al funcionamiento de los servicios públicos y denunciar a los corruptos.

El sociólogo y profesor de la UCV Miguel Ángel Contreras coincide: "Tenemos que formarnos para conocer las estructuras sociales y políticas y sus funciones. En esa medida, podemos ejercer presiones en el ámbito preciso. Si hay unos huecos en la autopista, debemos saber quién es el responsable para reclamárselo". De este modo, afirma, se podrían restablecer los mecanismos sociales de mediación –que debieran ejercer partidos políticos, gremios y otras instituciones–, y se agotarían los recursos de negociación antes de llegar a conflictos.

Roberto León Parilli, presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), dice que el derecho de acceso a la información es vital para la ciudadanía. "Si no estamos enterados de cómo se mueve el mercado, la oferta, la demanda, los precios, las importaciones, los cambios en las leyes o nuestros derechos, como consumidores seremos débiles", asegura.

Advierte, no obstante, las debilidades de un reclamo de información poco organizado y efectivo. "La gente se queja, pero no concreta acciones enérgicas para hacer contraloría social. Como no hay una ley específica para solicitar información, sólo se hacen manifestaciones informales. Si unimos esto a la discrecionalidad de los funcionarios, encontramos que muchos organismos están bloqueados, como el Indepabis (antiguo Indecu), que poco nos responde".

Secreto institucionalizado.

Los cooperativistas de Coopercentro, un galpón comercial popular en la avenida Sucre de Catia, tuvieron menos suerte que los miembros de la OCV Esmencu. A principios de 2008, los comerciantes informales del sector fueron trasladados a un estacionamiento en condiciones precarias. Las cooperativas enviaron comunicaciones al alcalde Freddy Bernal para que les precisara qué medidas tomaría para mejorar la situación. No hubo respuesta.

Sólo después de iniciar una acción de amparo constitucional –cuya audiencia se celebró el 25 de agosto–, la máxima autoridad municipal les entregó los datos.

El informe de Human Rights Watch Una Década de Chávez, presentado por José Miguel Vivanco, señala que el compromiso del jefe del Estado de ampliar la participación popular "no ha llevado a una mayor transparencia y apertura del Gobierno ni a un acceso público más sencillo a la información en poder de funcionarios gubernamentales y no existe legislación para brindar una solución efect iva en esas circunstancias".

En el estudio sobre acceso a la información estatal, publicado por la organización Espacio Público en 2007, de 46 peticiones de información hechas a organismos de los 5 poderes públicos, 87% no fue respondida. El silencio como negativa de acceso fue el comportamiento más común y en varias ocasiones los empleados ni siquiera accedieron a recibir las solicitudes. Este comportamiento, ex plica De Freitas, ha sido tradicional en el Estado venezolano.

"El funcionario siente que tiene que protegerse de los ciudadanos y que la información es de su propiedad, que la puede usar a discreción. Desde la perspectiva del acceso a la información, el concepto de servidor público es profundo. Puede haber un empleado muy atento, pero inútil porque no da respuesta a tus requerimientos", afirma.

Luisa Torrealba, investigadora del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y profesora de la Escuela de Comunicación Social de la UCV, ha confirmado esta actitud de los trabajadores públicos a través de las prácticas de solicitud de información que hacen sus alumnos. "Algunos, cuando ven que llegas con una carta, se asustan.

A veces no te responden por escrito sino con entrevistas, quizás les resulta más fácil y menos intimidante. Puede ser también que desconozcan el derecho de acceso o que inf luya un factor burocrático, como cuando te dicen que sólo te puede responder el ministro", explica.

Sin embargo, Manuel Villalba, presidente de la Subcomisión de Medios de la Asamblea Nacional, asegura que no es una política del Estado negar información. "Algunas veces vas al funcionario a pedirle información pero él no la maneja y por eso no te da respuesta", justifica.

Aunque la Constitución establece que un funcionario puede ser sancionado o destituido cuando oculta información sobre asuntos bajo su responsabilidad, la opinión pública no ha tenido conocimiento de que se haya ejecutado una sanción de este tipo. Por el contrario, en julio pasado, el comisario Sergio González, entonces jefe de la División Antiextorsión y Secuestro del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, fue separado del cargo después de que en una rueda de prensa informó que los plagios habían aumentado 40% con relación al año 2007. El único vocero autorizado era el ex ministro del Interior, Ramón Rodríguez Chacín, quien luego corrigió –a la baja– la cifra de secuestros registrados en el país.

El comisario, con 22 años de servicio en la policía científica, declaró en esa ocasión: "Uno nunca se espera que por trabajar lo tengan castigado. Si hacer mi trabajo no es ser institucional, entonces que me digan qué tengo que hacer para demostrarlo".