Noticia de AFP (23/12/2010):
El saliente Parlamento unicameral dominado por el oficialismo aprobó en las últimas semanas leyes que dan más poder al Ejecutivo, introducen nuevas regulaciones a medios de comunicación, restricciones al financiamiento extranjero a ONGs, sanciones al cambio de partido de parlamentarios y favorecen a las mayorías y limitan la participación de los diputados de oposición.
La decisión más controvertida fue la de aprobar la llamada Ley Habilitante que permitirá a Chávez legislar por decreto durante 18 meses a contar de enero, justo cuando inicie funciones un nuevo Parlamento donde la oposición tendrá una fuerte representación con 67 de los 165 escaños, y hasta pocos meses antes de las presidenciales de 2012.
Esta ley fue solicitada por el propio mandatario para enfrentar la emergencia por las lluvias que dejaron miles de damnificados y además de promulgar decretos en los ámbitos de vivienda y bienestar social, Chávez podrá también aumentar el IVA y decidir expropiaciones de terrenos para favorecer a los afectados.
También fue sancionada una ley que según opositores limita la autonomía de las universidades, muchas de ellas claramente opositoras a Chávez, así como un conjunto de leyes del Poder Popular que buscan avanzar hacia el llamado Socialismo del siglo XXI, proyecto predicado por el jefe de Estado venezolano.
“Venezuela avanza en la consolidación de un régimen antidemocrático”, asegura a la AFP el analista político John Magdaleno, profesor del centro IESA en Caracas.
“Hay una gran distancia entre Venezuela y un régimen totalitario, pero ya estamos caminando en la dirección de una mayor supresión de esferas de libertad”, añade el director de la consultora privada Polity.
Por el contrario, el sociólogo, analista político y columnista Nicmer Evans, profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), declaró a la AFP que “la aprobación de estas leyes es un procedimiento absolutamente legal y legítimo”.
“Acelerar este proceso revolucionario en un año que se mostrará altamente conflictivo (por la presencia opositora en el Parlamento, ndlr) es una acción coherente, porque quien tiene el poder debe poder legitimarlo en función de su proyecto político”, planteó el experto.
Los diputados electos por la oposición acusaron a Chávez en estos días de convertir al gobierno “en una tiranía que los venezolanos deben derrotar”. También recordaron que el presidente hace oídos sordos a la voluntad del pueblo expresada en las urnas en las legislativas del pasado septiembre.
“Los espacios democráticos se han estrechado ya de una manera dramática. Si esto no es una dictadura, se le parece bastante”, aseguró a la AFP el analista José Vicente Carrasquero.
“A Chávez se le está haciendo más difícil el asunto. En 2005 ganó toda la Asamblea y se acostumbró a gobernar sin cortapisas, pero ahora presiente que puede haber un cambio de poder”, añade este profesor de la UCV, recordando las anteriores legislativas cuando la oposición decidió no participar y quedó fuera del Parlamento.
Por su parte, Chávez – electo en 1998, ratificado en referendo en 2004, reelecto en 2006 y que aspirará a un nuevo mandato en 2012 – acusó recibo de las críticas reafirmando la oportunidad de la Ley Habilitante, aunque también alertó sobre intentos de desestabilización, recordando el golpe de Estado que en 2002 lo alejó del poder momentáneamente.
“Algunos venezolanos enfermos de odio y sin razón siguen diciendo que esto es una dictadura, no se de dónde pueden sacar eso”, afirmó.
“Digan lo que les dé la gana, yo sirvo al pueblo”, añadió.
Para el encuestador Alfredo Keller, director de la firma Keller y Asociados, Chávez concentra cada vez más poder en sus manos para crear entre la oposición un sentimiento de que el voto y las elecciones son irrelevantes y así fomentar la abstención.
“Hace cinco años su popularidad era de 72% y este año ha caído incluso a 36%. Para ganar unas elecciones presidenciales en 2012 con este porcentaje de apoyo tiene que hacer que gran parte de la oposición se abstenga”, plantea.
Atentar contra la propiedad privada a través de expropiaciones es otra estrategia de Chávez para generar incertidumbre, comentó Keller a la AFP.
“Su estrategia es demostrar poder y abusar de él: eso es lo que le resulta más eficiente en términos electorales”, afirmó.
Editorial del diario La Nación (Argentina, 21/12/2010):
La delegación al presidente venezolano de facultades legislativas por 18 meses es una verdadera burla al sistema democrático
El pasado 26 de septiembre el pueblo venezolano le propinó un sonoro no, en las urnas, al presuntamente providencial Hugo Chávez. Esto, y no otra cosa, es lo que ocurrió en las elecciones parlamentarias nacionales del país caribeño. Sólo una amañada fórmula de computar los votos en los distintos distritos electorales -diluyendo los urbanos y privilegiando los rurales- impidió que, pese a haber logrado la mayoría de sufragios, la oposición venezolana no obtuviera la mayoría de las bancas parlamentarias.
El próximo 5 de enero, como resultado de esa derrota, Hugo Chávez debía automáticamente perder las mayorías necesarias para sancionar leyes importantes. Desde esa fecha deberá contar con votos que estarán en manos de la oposición, por mandato popular. Por eso puso en marcha y ejecutó, con total descaro, una monumental estafa política. Burda como pocas en la historia de la región.
Se hizo delegar a sí mismo todas las facultades legislativas, por un período de 18 meses, mediante una llamada “ley habilitante”, que acaba de ser sancionada y promulgada a toda marcha, obviamente porque ello dejará de ser posible a partir del 5 del mes próximo. Invocando la presunta necesidad de responder eficazmente a paliar los efectos de lluvias torrenciales, Chávez asumió facultades totales, no sólo sobre la forma de reaccionar ante los efectos de ese fenómeno meteorológico, sino además -consumando la inocultable estafa política apuntada- sobre temas, tales como infraestructura, transporte, servicios públicos, vivienda y hábitat, uso de la tierra urbana y rural, cuestiones financieras y tributarias de todo tipo, seguridad individual y jurídica, defensa, cooperación internacional y sistema socioeconómico.
Ha asumido así personalmente las facultades del Poder Legislativo y se ha transformado en omnipotente. Esto es, en dictador. Peor, ha despojado a la próxima legislatura de lo sustancial de sus facultades, transformándola en apenas un ente sin poderes, desnudo de facultades y sometido a su voluntad, como todos los demás venezolanos. Los sumisos legisladores actuales son cómplices necesarios de esa estafa, al haber legislado más allá del plazo de sus respectivos mandatos, burlando groseramente la voluntad popular.
La oposición, a través de la Mesa Nacional de Unidad Democrática, ha denunciado lo sucedido, que califica de “golpe de Estado”. Es obviamente un escandaloso vaciamiento del próximo Congreso, al que se pretende imposibilitar el ejercicio de sus facultades constitucionales. Nada tienen que ver las respuestas a las lluvias con el anunciado impuesto al patrimonio. Tampoco con la nacionalización de la banca. Menos aún, con la defensa exterior.
Como si ello fuera poco, Chávez mantiene detenidos a varios legisladores, en violación abierta a las inmunidades que derivan del artículo 200 de la Constitución venezolana vigente.
En adelante, aquel apotegma absolutista de que “el Estado soy yo” será realidad en Venezuela. Nada más contrario a la democracia, basada en el equilibrio entre los poderes. Pero la Organización de Estados Americanos y sus Estados miembros contemplan inmóviles la audaz maniobra de Chávez. Como si tuvieran miedo. Legitimando así -por el momento, al menos- con un asombroso silencio lo que es una ruptura democrática tan abierta y clara, como brutal. Y abandonando al pueblo venezolano a su suerte.
Ahora se perciben mejor los porqués de la carrera armamentista de Chávez. Presumiblemente no era contra sus vecinos, sino contra su pueblo, al que desde hace tiempo pretende someter a sus designios personales, pasando por alto hasta a la propia Constitución de su país. La situación descripta es peligrosísima, pero la región no reacciona. En realidad, es peor: sus principales mandatarios, como si nada pasara, acaban de insistir en la necesidad de incorporar a la Venezuela de Chávez al Mercosur. La voz cantante la llevó la presidenta argentina, quien se mostró convencida de que esa incorporación podrá “cerrar la ecuación energética” y configurará un acto de “solidaridad y hermandad”.
De pronto, la llamada “defensa de la democracia” en la región, esto es, la “Carta Democrática Interamericana”, luce apenas como un débil instrumento para apoyar a quienes comparten ideologías o visiones, pero no a los pueblos. Frente a todos, la democracia ha sido abiertamente pisoteada y, no obstante, nadie parece protegerla en la región. Todos miran para otro lado.
The Ecomist (21/12/2010):
Showing his true colours
Dec 21st 2010, 4:43 by P.G. CARACAS
WHEN the opposition to Hugo Chávez’s radical leftist government won a majority of votes in a legislative election this September, its leaders hoped the result would slow Venezuela’s slide towards dictatorship. But the message Mr Chávez seems to have received is that he will have to become even more authoritarian to hold power. In recent days, the president’s allies in the outgoing congress have rushed to approve a package of laws that virtually eliminate the country’s last vestiges of checks and balances and protection for civil liberties.
Shortly after Mr Chávez took office in 1999, he won approval of a new constitution with a strict division of powers and many progressive human-rights provisions. It did not take long for him to tire of such safeguards. In 2007 he proposed a “socialist” reform that would have turned Venezuela into a near-dictatorship. Voters turned it down in a referendum. But he has since managed to implement much of what was rejected, including incorporating his political militia into the military; eliminating the autonomy of the central bank; and winning a subsequent referendum to abolish term limits.
The most recent victims of Mr Chávez’s onslaught are the national parliament and local governments. Ever since his rivals unwisely boycotted a legislative election in 2005, Mr Chávez has enjoyed a rubber-stamp congress. He is taking no chances with the new parliament, which will take office on January 5th and includes a significant opposition presence. On December 17th, his allies passed an “enabling law” that will let him rule by decree on almost all significant issues for the next 18 months—rendering the new legislature a virtually irrelevant talking-shop before the new members even have a chance to warm their seats.
The president is also sidelining local governments. He has already diverted funds from state and municipal authorities for years. Now, he has undermined them entirely via five “popular power” laws establishing the socialist “commune”—a new administrative body, run by the executive, which ignores existing local boundaries—as the basic unit of government.
Mr Chávez is cracking down on civil rights as well. Finishing off their productive lame-duck session, his congressional allies will soon approve a series of bills dubbed the “Cuban package” by opponents. It includes drastic restrictions on freedom of speech, including control of the internet; an end to university autonomy; a virtual ban on the foreign funding of NGOs; and dismissal for members of the legislature wishing to switch sides. The president’s tolerance for dissent was made clear when unidentified thugs attacked students and activists who were protesting outside the parliament building against the new laws, using sticks, stones, bottles and even plastic traffic cones. None of them has been brought to justice.
Outsiders have taken note. The Inter-American Human Rights Commission said it deplored a “serious setback for freedom of expression”. The government, as is its wont, dismissed such criticism as a foreign-funded destabilisation plot. Mr Chávez has said the enabling law is necessary to respond to recent floods that have left tens of thousands homeless. It remains unclear exactly how his new special powers involving national defence or telecommunications, for example, will help re-house them.
Mr Chávez’s heavy-handed reaction to a fairly modest setback—his party will keep its legislative majority despite losing the popular vote—bodes poorly for how he might handle a loss in the 2012 presidential election. The military, he said recently, might well not tolerate an opposition government, and Venezuela’s senior general added that the armed forces were “wedded” to the chavista project.
If the president’s slow-motion coup is not enough to keep him in power, might he resort to the more traditional kind? History gives reason to worry. Mr Chávez first made his name as the leader of a failed coup in 1992. He celebrates its anniversary every year.
