Historiador venezolano (Luis Britto García) opina sobre las FARC y Colombia

Artículos de opinión de los historiadores venezolanos

Les dejo acá el artículo semanal del historiador Luis Britto García que publica todos los domingo en El Últimas Noticias.

Informaciones inconvenientes

SOBRE EL CONFLICTO COLOMBIANO

El canciller Julio Araújo critica mi libro La paz con Colombia porque en su concepto contiene "informaciones inconvenientes". No valoro informaciones por su conveniencia, sino por su veracidad. Van algunas más, no sé si convenientes, pero sí documentadas.

BASE SOCIAL DE LAS FARC

Desde su creación en julio de 1964, las FarcEP y otros movimientos insurgentes subsisten gracias a su base social campesina. Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia, para 2007 ésta cuenta 42.888.592 habitantes, 31.886.602 (74,3%) urbanos y 11.001.990 (25,7%) rurales, quienes integran 22,7% de la fuerza laboral, proporción comparativamente alta frente a la de Venezuela y otros países.

BASE AGRÍCOLA DE COLOMBIA

La agricultura proporciona gran parte del ingreso del país. Según cifras oficiales, para 2007 el 11,5% del PIB es agrícola, 36% industrial y 52,4% producido por servicios. Pero según Edelmira Pérez Correa y Manuel Pérez Narenes, hay cultivos ilícitos en 259 municipios, un cuarto del total (El sector rural en Colombia y su crisis actual. Cuadernos de desarrollo rural, primer semestre 2002, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, pp. 33-5. Quizá estos aporten una parte más significativa de un PIB estimado en 320.400.000.000 dólares para 2007.

BASE DEL PODER

El control de la tierra es el control económico y político de Colombia. Para 2005, la tierra cultivable es sólo el 2,01% del total, la dedicada a cosechas permanentes un 1,37% y 96,62% se destina a otros usos, sobre todo ganadería extensiva. La concentración de la propiedad es extremadamente desigual. A principios del siglo XXI, de 2.792.584 predios, 492.744 ocupan cerca de 52 millones de hectáreas, mientras que los minifundios ocupan menos de diez millones de hectáreas. Según Edelmira Pérez y Manuel Pérez, tal desigualdad se intensifica por los masivos desplazamientos forzosos de campesinos, así como las apropiaciones de sus tierras de cultivo para la ganadería extensiva, que al requerir menos mano de obra incrementa el éxodo campesino.

DESPLAZAMIENTOS

Instrumento fundamental de la concentración de la propiedad de la tierra es el desplazamiento forzoso de grandes masas de campesinos mediante la violencia militar o paramilitar. Sólo en el quinquenio entre 1996 y 2001 se registran 2.880.179 desplazados, a quienes por lo general se arrebatan las tierras que ocupaban (Edelmira Pérez y Manuel Pérez, op. Cit. p. 36). El censo de población de 2005 registra que más de 27 millones de colombianos migraron de un municipio a otro. En los cinco años anteriores a dicho censo, 824.858 se movilizaron por "amenaza para su vida" y 49,8% se desplazó por razones familiares, posiblemente vinculadas con desplazamientos forzosos. La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) registra 3.720.428 desplazados de manera forzosa entre 1985 y 2005, y 1.564.463 entre 2001 y 2005. Ello contribuye a que 49,2% de la población esté bajo la línea de la pobreza para 2005, que la tasa de desempleo sea de 10,6% para 2007 y que un altísimo porcentaje de la población subsista con la economía informal.

BASES ESTADOUNIDENSES

En lugar de resolver el conflicto atendiendo a las necesidades de las bases sociales, se intenta sofocarlo mediante bases con soldados, pertrechos y fondos de Estados Unidos. Confiesa el Departamento de Estado que "el apoyo de Estados Unidos al plan Colombia es una respuesta integral a una estrategia comprehensiva" (El plan Colombia: Departa mento de Estado de Estados Unidos, s. d. 2001, 7). La doctrina de Seguridad Nacional de EEUU, formulada por George W. Bush en 2002, admite que "actualmente estamos trabajando para ayudar a Colombia a defender sus instituciones democráticas y derrotar a los grupos armados ilegales, tanto de izquierda como de derecha, mediante la extensión efectiva de la soberanía a todo el territorio nacional y la provisión de seguridad básica al pueblo de Colombia" (Bush, George W.: The National Security Strategy of the Uni ted States of America, Washington, 17 de septiembre de 2002, http://www.whuitehou se.gov/nsc//nss.html). Estas insolentes declaraciones imperiales parecerían sostener que el Gobierno colombiano es incapaz por sí solo de ejercer la soberanía y garantizar la seguridad, por lo que Estados Unidos asume ambas funciones.

BASES ARMAMENTISTAS

Según el World Economic Outlook, para 2005 Colombia presenta un gasto militar de 3.309 millones de dólares, 3,8% de su PIB (el porcentaje más alto en América Latina después de Chile, con 3,9%), y Venezuela menos de la mitad: unos 1.477 millones, 1,6% de su PIB. Tales cifras habrían experimentado abruptos incrementos. Según James Petras, el Ejército colombiano creció hasta 200.000 efectivos, más 30.000 policías, sin contar con decenas de miles de paramilitares encubiertos. Según Miguel Suárez en Argenpress, para 2004 el Ejército colombiano contaba con 450.000 hombres; para 2007 su gasto militar casi se habría duplicado hasta abarcar 6,6% de su PIB; para 2008 su contingente en armas excedería del medio millón y el gasto en seguridad ascendería a 22.200 millones de dólares anuales. Cuesta creerlo, pero más cuesta financiarlo. Quizá por ello la deuda pública colombiana asciende a 53,9% de su PIB, que para 2006 se estimaba en 374.400.000.000 dólares.

BASES ECONÓMICAS Y SOCIALES

Si con tan desproporcionadas cantidades de recursos, armamentos y efectivos a lo largo de cuatro décadas no se ha podido controlar una guerrilla a la cual se atribuyen unos 15.000 combatientes que operan en 24 de 32 departamentos, ha llegado la hora de reestructurar de manera profunda las bases económicas, sociales y políticas del país. Ello no se logrará aumentando la violencia de los colombianos contra los colombianos, pero tampoco descargándola contra países vecinos. Tal reestructuración le corresponde única y exclusivamente al hermano pueblo de Colombia. Puedo opinar sobre la materia con el mismo derecho que el canciller Araújo opina sobre mi libro. No me toca decidir las vías para esa reestructuración, pero tampoco a Estados Unidos.